Por. Ivonne Melgar
La fuerza numérica de las mujeres en la Cámara de Diputados en esta legislatura 65 que inició en septiembre, comienza al fin a traducirse en una fuerza parlamentaria.
Y es que la presencia en las curules no se traduce automáticamente en resultados a favor de la perspectiva de género, es decir, de aquella que reconoce la inequidad en la que vive la población femenina.
Por el contrario, en una sociedad patriarcal, donde los códigos del poder han sido construidos y ejercidos por los hombres, la igualdad en número no es suficiente. Se requiere, ahora, construir lo que el feminismo llama la igualdad sustantiva.
Lograr ese objetivo requiere que las parlamentarias sumen el peso de sus votos y vetos a la causa de los derechos humanos desde el enfoque que asume que corresponde al Estado desmontar la normalización de la violencia de género y repararla.
Se trata de una tarea descomunal que la actual Cámara de Diputados se había tardado en retomar, después de que la anterior legislatura, la emblemática 64 de la paridad de género, nos dejó una cosecha generosa de ordenamientos, prácticas colectivas y una agenda que tiene como principal pendiente el impulso al sistema nacional de los cuidados.
Para fortuna de todas y de todos, sin embargo, las parlamentarias han comenzado a articularse y a generar resultados relevantes en medio de un clima político que es más proclive al pleito y a la politiquería que a los acuerdos.
Pero gracias a que se empieza a tejer esta red de diputadas, y diputados también, consientes y comprometidos con un cambio en serio en favor de las mujeres, en esta semana que termina hubo unanimidad y reconocimiento entre todas las bancadas al debatir y aprobar la llamada Ley Ingrid, destinada a castigar el mal uso que los funcionarios hagan de cualquier información relacionada con las víctimas de un proceso penal.
Además, de que ese miércoles 23 de marzo se confirmó que en San Lázaro ascendió a 251 el número de diputadas por el relevo femenino de un representante de Morena que pidió licencia.
En medio de esa noticia, y con un ánimo de diálogo, transcurrió la discusión del dictamen y la inusual defensa de una reserva hecha por legisladores de oposición, Morena y del PT para precisar la reforma al artículo 225 del Código Penal Federal, todo lo cual fue avalado con 470 votos.
El decreto implica castigar con 4 y hasta 10 años de cárcel la filtración de fotos, videos y cualquier material que forme parte de un proceso penal.
Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, destacó la importancia del consenso alcanzado en torno a este dictamen que se originó con las iniciativas de las diputadas Laura Imelda Pérez (Morena) y Ana Balderas (Acción Nacional).
“Tiene como objetivo que aquellos servidores públicos encargados de la administración de la justicia, peritos, policías, investigadores, tengan prohibido la difusión, comercialización de imágenes, videos, material, cualquier información relacionada con un hecho delictivo con las condiciones de la víctima o cualquier ámbito relacionado al proceso penal”, expuso en tribuna.
Enfatizó el legislador que la pena será mayor cuando se trate de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
Denominada Ley Ingrid en referencia al caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, la minuta fue enviada a los senadores para que ahí sea discutida y, ojalá pronto, también aprobada.
La diputada Yolanda de la Torre (PRI) y las vicecoordinadoras de las bancadas de Morena, Aleida Alavez; Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, defendieron en tribuna la citada reserva que construyeron con su homóloga del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, y con el petista Gerardo Fernández Noroña, a fin de que esta nueva penalización sea aplicable en todas las fases del proceso penal y no sólo en la investigación.
“Esta iniciativa, conocida públicamente como la Ley Ingrid, va enfocada a la prohibición de aquellos servidores públicos que tengan a cargo la administración de justicia y que por cualquier medio, fuera de los supuestos autorizados, las difundan, compartan, comercialicen, divulguen cualquier material realizado en una investigación penal y en un proceso, que esta es la precisión técnica que hacemos, y las condiciones personales de una víctima en las circunstancias o hechos que la ley señala como delito. Y de esta forma no vuelvan a darse indignantes casos de servidores públicos que sin escrúpulos filtran imágenes y videos en las redes sociales donde expusieron a las víctimas de terribles hechos violentos, principalmente de feminicidios, atentando contra la dignidad humana de las víctimas y también de sus familias”, detalló la diputada De la Torre, quien también ha sido magistrada y aporta en este debate la agudeza de quién conoce a los impartidores de justicia.
“Este dictamen no solo busca sancionar este tipo de conductas sino, sobre todo, inhibirlas. Porque en la lógica de la cultura de la erradicación de la violencia contra las niñas, las mujeres, lo importante siempre va a ser la no repetición de los hechos”, expuso la diputada Aleida Alavez.
“A pesar de que cada vez tenemos más y mejor legislación, que en teoría tendría que prevenir o erradicar todas las formas de violencia contra niñas y mujeres, pareciera que vamos corriendo contra una banda que no tiene fin, porque mientras más avanzamos también más se retrocede, y eso nos lastima, porque cada vez se crean nuevas y novedosas formas de violentar a los cuerpos de las mujeres”, lamentó la diputada Mirza Flores.
“Necesitamos con urgencia aprobar esta propuesta para atender a las víctimas indirectas. No olvidemos que esas imágenes quedan de por vida en las redes sociales. No queremos ni debemos permitir que existan otras historias como el final que tuvo Ingrid con esos videos tan trágicos”, expuso la promovente Ana Balderas (PAN)
“El de Ingrid Escamilla Vargas es un lamentable caso donde no se le dio la protección jurídica adecuada debido a la revictimización que sufrió en el momento en que servidores públicos filtraron a medios las fotografías de la escena del crimen en donde se exponía de forma explícita el cuerpo de la víctima, dañando por consecuencia el debido proceso y atentando contra la dignidad, intimidad e identidad de la víctima”, recordó la proponente Imelda Pérez Segura (Morena).
Es evidente que la dedicación, capacidad política y la inteligencia que caracteriza a las vicecoordinadoras de Morena, Aleida; Mirza de Movimiento Ciudadano; Elizabeth del PRD y la priista Blanca Alcalá, ya están haciendo la diferencia en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se nota.
Y se deja sentir como una bocanada de viento a nuestro favor en esta primavera de 2022, en un marzo en que el 8M de las calles sigue marcando agenda en el Congreso.
