La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades penitenciarias tomar medidas urgentes a favor de las mujeres en prisión por el delito de interrupción de su embarazo.
“La CNDH observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto o de delitos análogos”, señaló el organismo en un comunicado.
El organismo recordó que en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció el derecho a decidir en un falló considerado histórico.
Tras ello, la CNDH vio necesario conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto o de delitos análogos, de acuerdo con las legislaciones estatales, que en el fondo penalizan o penalizaron la conducta relativa a la interrupción del embarazo.
Señaló que, durante octubre de 2021, realizaron solicitudes de colaboración al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, así como a las 32 autoridades de los sistemas penitenciarios estatales del país.
Esto con el fin de conocer las acciones que se han realizado o implementado para atender a las mujeres que podrían beneficiarse de la resolución de la Suprema Corte.
Falta de datos
La CNDH detalló que observó “discordancia” en las respuestas de los sistemas penitenciarios tanto federales como estatales que negaron que existieran mujeres privadas de la libertad por ese delito, y que por ello no se había realizado ninguna acción al respecto.
“Solo el sistema penitenciario del estado de Oaxaca informó el caso de una mujer privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Tlacolula, por el delito de aborto”, indicó.
No obstante, alertó que, de acuerdo con otras fuentes, posiblemente hay mujeres en reclusión por estos delitos.
Ante ello, pidió que se realicen “acciones conjuntas urgentes” para identificar a todas las mujeres que enfrentan un proceso o una sentencia por la comisión del delito de aborto “a fin de que accedan a la interposición de recursos legales que de manera pronta les permita obtener su libertad, con base en el criterio de la SCJN”.
Además, urgió a impulsar reformas en las legislaciones locales que consideró “regresivas” las cuales deben hacerse con perspectiva de género que permitan acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre y sin restricciones de carácter sanitario y/o a la interrupción del embarazo.
Y señaló que mientras los Congresos locales no legislen para despenalizar el aborto y regular el derecho a la objeción de conciencia las mujeres de esas entidades “seguirán enfrentando una persecución por esa decisión o, en contrario, las seguirá orillando a practicarse abortos clandestinos con los riesgos que ello implica para su salud y su vida”.
Finalmente, expresó su preocupación por las mujeres que estén enfrentado procesos y sentencias por el delito de aborto y solicitó a autoridades estatales y federales realizar acciones en favor de ellas “para promover, respetar, proteger y garantizar” sus derechos humanos.
EFE
