Por. Marissa Rivera
La corrupción es uno de los peores males que han dañado a México.
Muchos de los problemas que enfrenta el país tienen que ver con corrupción. Desde las facilidades a una empresa para hacerse de una obra millonaria, hasta el policía que por dinero deja ir a un conductor que cometió una infracción.
Esa fue la bandera y la narrativa que enarboló como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, “terminar con esta calamidad que por años ha sido el Talón de Aquiles de los mexicanos”.
Frente a una sociedad harta de mentiras y cansada de ver como la corrupción era el común denominador de los gobiernos anteriores, la campaña tuvo un éxito inusitado y el respaldo de 30 millones de votos, que vieron como una esperanza la erradicación de ese mal.
Pero esa esperanza se ha ido diluyendo.
Esa bandera de “acabar con la corrupción en México y ser un gobierno de absoluta transparencia” que diario comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido mancillada, hasta por su propia familia.
La forma de cómo ha procedido el Presidente de la República en temas como la información en torno a las obras más importantes de su administración o sobre las adjudicaciones directas, aunque provoque enojo, ira, cuestionamientos o críticas, no es nuevo.
Así lo hizo desde que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
La información sobre las obras del segundo piso que se realizaron entre 2002 y 2006 fueron reservadas por 10 años.
Hoy, el principal cronista de la lucha contra la corrupción, brinda otra joya de opacidad y falta de transparencia al ordenar por “decreto” la obligación de todas las dependencias federales para aprobar proyectos del gobierno Federal.
Los clasifica como obras de seguridad nacional, de manera que se podrá ocultar información sobre contratos y gastos en las obras.
Les pide otorgar autorizaciones provisionales a los proyectos en máximo cinco días hábiles, para garantizar la ejecución oportuna y el beneficio social esperado.
¿Qué tipo de obras? De los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos, entre otros.
Esta medida ha sido cuestionada y calificada como un retroceso y una arbitrariedad de manera inmediata por la oposición y especialistas en el tema de transparencia.
Hace apenas unos días Carlos Loret de Mola reveló a través del portal Latinus que existen “supuestos” contratos millonarios que el Ejército mexicano ha dado a empresas fantasma.
No existen direcciones, ni dueños. Incluso, una de las empresas que se dedica a la renta de juegos infantiles, señala, es proveedora de tractocamiones.
Dos días después se emitió el “decretazo”, para que ese tipo de información sea reservada.
La oposición ya advirtió que buscarán revocar ese decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad porque el decreto vulnera el derecho de acceso a la información y la máxima publicidad.
Porque por el simple hecho de catalogar las obras como “seguridad nacional” se podrá ocultar la información relacionada ellas.
El Presidente respondió a sus opositores que el decreto es “para agilizar las obras”, que de ninguna manera se trata de un tema de transparencia.
El antídoto contra la corrupción resultó ser más de lo mismo. Cuando la corrupción está entre los suyos se trata de apoyo. Así nomás no se puede.
El día que transitemos de una “cultura de la corrupción” a una “cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad”, ese día, nuestro México será competitivo y habrá una verdadera transformación, no solo simulación.
