Por. Ivonne Melgar
Aun en medio del encono electoral y la polarización política que está subiendo de tono en el Congreso, este jueves 15 de abril se concretó en Cámara de Diputados un primer gran paso en favor de la iniciativa que consiguió ayer el visto bueno de la Comisión de Educación para que en los planteles educativos públicos de secundaria y nivel medio superior se facilite a las alumnas que lo requieran el acceso gratuito productos de salud menstrual (toallas, tampones y copas).
Por unanimidad, legisladores de todas las fuerzas políticas se sumaron a esta propuesta, que es parte de las diversas acciones fiscales, presupuestarias y de salud que a nivel mundial se impulsan para reconocer la gestión menstrual como parte de los derechos humanos de las mujeres.
Una de las medidas centrales de este movimiento global es el de evitar la deserción y el ausentismo escolar que en las comunidades marginadas y en condiciones de pobreza enfrentan las niñas y las adolescentes durante su regla, ante la falta de insumos que les permitan continuar con sus actividades de manera normal.
La reforma a la Ley General de Educación en su articulo 114 señala que las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades sanitarias, deberán promover la salud y gestión menstrual a través de diversas acciones, entre ellas facilitar en los planteles educativos públicos (básico y medio superior) el acceso gratuito a productos como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales para las personas que así lo requieran.
Durante la discusión del dictamen, participó como invitada especial de la Comisión de Educación la diputada Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano), promovente de la reforma, quien destacó que ésta fue construida desde 2020 con la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña, y destacadas parlamentarias comprometidas con la agenda de las mujeres: Verónica Salgado (PAN), Olga Patricia Sosa (PES), Verónica Guadalupe Almaguer (PRD), Erika Sánchez (PRI) y las morenistas Nayeli Fernández Cruz, Lorena Villavicencio y Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
“La gestión menstrual se debe entender como una acción dentro de un ámbito social y cultural, en un marco de derechos humanos específicamente de niñas, adolescentes y mujeres”, expuso la representante de MC.
Cuestionó Tagle Martínez que hasta ahora la gestión de la menstruación no ha sido retomada como un tema de la agenda pública, dejándose su atención al ámbito privado o personal, cuando las condiciones de desigualdad que genera merecen ser atendidas.
Recordó la diputada ciudadana que las legisladoras se sumaron a las iniciativas que está desplegando el Colectivo Menstruación Digna México que articula a unas 28 organizaciones de la sociedad civil.
“Pobreza menstrual es la falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre higiene menstrual, inodoros, instalaciones para lavarse las manos y la gestión de los residuos”, definió Tagle Martínez. Recordó la parlamentaria feminista que en 2020 Naciones Unidas hizo un llamado a la comunidad internacional a romper el tabú en torno a este tema de la salud de las mujeres y de las niñas.
Por su parte, Verónica Juárez Piña calificó la aprobación del dictamen como un gran avance que garantizará la salud sexual a miles de mujeres y niñas, cuyo acceso a estos productos resulta limitado por la crisis económica y su disponibilidad.
“Los productos de higiene menstrual no son artículos de lujo, sino insumos de primera necesidad que utilizan las mujeres durante toda su vida fértil. La falta de acceso a ellos constituye una violación a sus derechos humanos e incide en el ejercicio del derecho a la salud, la inclusión y la igualdad, entre otros, de mujeres y niñas”, planteó la coordinadora de la diputación perredista.
Recordó Juárez Piña que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó que el gasto por persona anual en concepto de toallas femeninas alcanza un total de 753.26 pesos anuales, es decir, un gasto de 67.77 pesos mensuales.
“Esta erogación corresponde aproximadamente al 1 por ciento del ingreso mensual de una mujer en un área urbana, lo cual es superado con mucho si hablamos de las mujeres en situación de pobreza y de pobreza extrema, en donde el porcentaje del ingreso mensual podría alcanzar hasta el 10 por ciento y es, por ello, que estas mujeres no utilizan este tipo de productos”, explicó la legisladora feminista.
Toca ahora esperar la sensibilidad de los coordinadores de las demás bancadas, quienes deberán decidir si este dictamen pasa a la discusión y votación de todos los diputados en las escasas sesiones que le quedan a la 64 Legislatura, cuyo último periodo terminará el próximo día 30.
Son muy pocos los días que quedan para que la llamada Legislatura de la Paridad de Género envíe una señal concreta de adhesión a este movimiento. Veremos de qué tamaño es el compromiso de los líderes de bancadas.
Porque una vez que ese dictamen sea liberado por la JUCOPO (Junta de Coordinación Política que reúne a los jefes de las bancadas), en la mesa directiva de San Lázaro se encuentran poderosas aliadas con al agenda de la igualdad sustantiva que, sin duda, le darán viabilidad, empezando por la presidenta Dulce María Sauri y la recién nombrada vicepresidenta Mariana Rodríguez Mier y Terán.
