Saraí Aguilar
El gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum, de la mano de la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, ha decidido abrir expedientes a 13 feministas por diversos delitos cometidos durante marchas llevadas a cabo en 2020.
Las activistas son acusadas de los delitos de robo, daño a la propiedad y lesiones, entre otros, por su participación en manifestaciones feministas. Como dato curioso, la Fiscalía decidió que era buena fecha comenzarlo en la víspera del Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Y el proceso hasta el día de hoy sigue envuelto en acusaciones que no son respaldadas por nadie… salvo por un ya desaparecido perfil anónimo de Facebook.
Aunque este caso pareciera el cumplimiento de una exigencia de justicia, nada queda más lejos de la verdad. Más bien, la fiscalía pareciera estar teniendo arranques justicieros con chivos expiatorios.
Si bien la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy explicó en una tarjeta informativa que se trataba de un “trabajo de campo y de inteligencia”, dos de las abogadas de las feministas denunciadas aseguran que la investigación del caso se construyó con información publicada en un perfil falso de la red social.
Una de las señaladas, la cual es acusada de participar en actos delictivos en dos marchas, de las cuales en una ni siquiera estuvo presente y en la que sí, sólo acudió a repartir aguas y no pertenece a ningún colectivo, dio una entrevista para Animal Político en la cual señaló: “la mayor sorpresa fue cuando conocí el contenido de la carpeta de investigación”.
De acuerdo con dicho expediente, en la red social Facebook un perfil “Ana Pérez” se refiere a ciertas líderes y da nombres. “Entre ellos el mío”, dice la acusada, “nombres con links a nuestros perfiles. Pero es un perfil que no tiene foto y que no tiene nada. Incluso del día que hicieron las denuncias, un día antes hicieron el perfil”.
Cabe destacar que dicho perfil desapareció a días de la denuncia.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que las investigaciones pudieran representar una “cacería de brujas” y aseveró que las indagatorias se deben a denuncias que presentaron “terceras personas”.
La historia está contada en un reportaje publicado la semana pasada en la edición impresa de la revista Proceso.
De acuerdo con la investigación periodística, la defensa de las jóvenes indagadas explica que en la primera carpeta (CI-FICUH/CUH-2/UI-3 S/D/03022/11-2020), abierta en noviembre último, no existe ni una víctima que denuncie robos o lesiones, y que la única denunciante es una presunta policía que se encontraba “investigando” en Facebook y halló una publicación en la red social que “anticipa” los hechos del “25 N”, pues la carpeta fue abierta 24 días antes.
Si bien no se trata de privilegiar actos vandálicos, tampoco se pueden tolerar la cacería de brujas a manera de justicia. Mientras Ernestina Godoy se regodea con su éxito detectando 13 manifestantes, esperamos que tenga el mismo ahínco para atender y dar solución a los cientos de carpetas por delitos sexuales y feminicidios que se amontonan en la dependencia. Solo que nosotras sí le pedimos que se haga justicia y no nos den chivos expiatorios por responsables.
¿Cacería de brujas en época electoral? Duda que se queda para reflexionar.
