Por. Óscar H. Morales Martínez
El 19 de noviembre el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen para expedir la Ley Federal para la Regularización del Cannabis.
Aunque todavía falta que sea aprobada por la Cámara de Diputados, prácticamente se logró destrabar el proceso después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara se legislara sobre el tema desde 2018.
El plazo original para aprobarse la legislación cannábica por mandamiento de la propia Corte, venció el 30 de octubre de 2019, pero se concedió una prórroga al 30 de abril de 2020. Posteriormente, por la emergencia sanitaria, se otorgó una segunda prórroga con fecha límite al último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, es decir el 15 de diciembre de 2020.
Durante estos casi dos años se discutieron varias iniciativas de ley para regular el cannabis, unas más amplias y progresistas, otras de corte social y otras más conservadoras. Al final se obtuvo una buena regulación que le quitó de las manos a la COFEPRIS su control y manejo, quedando ahora bajo la Secretaría de Salud.
Diversos especialistas a nivel mundial han establecido que el modelo de regulación del cannabis no solo tiene una finalidad de pacificación social, sino que tiene un impacto en las finanzas públicas, al crear o regular una industria que genera una derrama económica millonaria en diversos sectores.
Asimismo, la legalización del cannabis y su control a través del otorgamiento de licencias, supervisión y fiscalización (pago de impuestos), atraerá para el Gobierno Mexicano una importante fuente de recursos que actualmente no tiene, tanto por el desplome económico como por el acaparamiento de las ganancias por el crimen organizado y el mercado ilegal.
Se crearían fuentes de empleo en el sector rural dando con ello un impulso a las comunidades que han sido vulnerables frente a las presiones de grupos de poder y cacicazgos locales, mediante el otorgamiento de licencias de cultivo a campesinos y comunidades de producción.
También se crearían empleos y mano de obra para el sector de la extracción, producción, distribución, comercialización, investigación, salud y muchos más, ya que el uso del cannabis tiene aplicaciones industriales, textiles, científicas, médicas, herbolarias, por citar algunas.
Aún no tenemos el recuento final de los daños de esta guerra contra el COVID-19, pero cada día vemos cómo se pierden miles de empleos y empresas, por lo que la recuperación de las finanzas públicas y privadas llevará años, siendo apremiante una resucitación.
México requiere urgentemente de una inyección de recursos que levante la economía global de una manera sustentable y rápida, algo así como un electrochoque, como oxígeno puro, con un nuevo enfoque al sector productivo e industrial. El nuevo mercado del cannabis puede ser ese impulso o al menos uno de ellos.
En la parte médica, se abre un nuevo horizonte en México para el tratamiento de pacientes, especialmente aquellos que padecen enfermedades asociadas con fuertes e intolerables dolores. Los médicos no siempre podrán salvar vidas, pero tendrán los medios a su alcance para evitar o disminuir el sufrimiento.
En la parte lúdica, la ley está muy acotada al consumo público del cannabis, quizá porque el Gobierno aún no confía plenamente en los ciudadanos, excepto para delegar en ellos toda la responsabilidad del manejo y prevención del COVID-19.
Falta promulgar la Ley Federal para la Regularización del Cannabis y esperar se expida su Reglamento, por lo que al menos el primer semestre de 2021 seguirá sin poderse aplicar.
Será muy interesante ver quién será designado como titular del Instituto Mexicano para la Regularización y Control del Cannabis, que será el encargado de emitir las licencias de cultivo, transformación, venta, investigación y exportación e importación. Ya muchos se están peleando por ese hueso.
El cannabis será el “oro verde” mexicano en los siguientes años, ojalá no se pierda esta oportunidad histórica.
