Por. Óscar H. Morales Martínez
Escribir cartas no ha quedado en el pasado, aunque suene anacrónico en nuestra era digital.
En recientes días estuvieron en la mira política las cartas que envió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a algunos dignatarios europeos, de la mano del servicio postal BGM (Beatriz Gutiérrez Müller), que quedarán como un capítulo más de la tragicomedia de absurdos y equívocos de la 4T, sin ninguna otra relevancia.
Pero ahora el destinatario de las cartas es México y no es para estar orgullosos, sino para levantar una nueva alarma internacional.
La American Bar Association (ABA), reconocido Colegio de Abogados de los Estados Unidos de Norteamérica, envió el pasado 20 de octubre una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador con copia a Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Raquel Buenrostro, jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), acusando al Gobierno Mexicano de violentar el Estado de Derecho de los contribuyentes.
De acuerdo con la ABA, hay tres situaciones en las que el gobierno mexicano ha violentado el Estado de Derecho: declaraciones de funcionarios del SAT respecto a que los abogados defensores de los contribuyentes son un obstáculo para los objetivos de transformación de México; invitaciones de funcionarios a los contribuyentes con irregularidades fiscales a que vayan directamente con el SAT para arreglar su situación, aconsejando a no buscar representación legal; y amenazas de la PFF a contribuyentes con investigaciones como una forma de presionarlos.
Dichas acciones, según la ABA, impiden a los contribuyentes el acceso a la justicia, la representación legal y un juicio justo, violando leyes mexicanas y tratados internacionales, específicamente los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
El secretario de Hacienda Arturo Herrera contestó la carta indicando que no se ha restringido el derecho de los contribuyentes a buscar asesoría legal y reconoce que las funciones de los abogados defensores son necesarias para salvaguardar el Estado de Derecho. Desde luego negó que la PFF amenace a los contribuyentes con procesos penales.
Es importante reconocer que el SAT ha realizado exitosas negociaciones para recaudar impuestos de grandes contribuyentes. Lo que está en cuestionamiento es si las facultades de revisión, investigación y ejecución de las autoridades fiscales están siendo desmedidas y basadas en actuaciones intimidatorias, violentando el marco legal y poniendo en situación de desventaja procesal al contribuyente.
Solo basta revisar los ajustes a las disposiciones fiscales para 2021 aprobados por la Cámara de Diputados también el pasado martes, que instrumentan lo que se ha denominado el “Big Brother Fiscal”, que establece que las autoridades en este rubro tienen facultad para usar herramientas tecnológicas en busca de recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal del contribuyente, situación que rebasa los límites del derecho de la privacidad de las personas y puede exponer gravemente su información poniéndolos en situación de riesgo ante una fuga o venta de datos, como ha sucedido con otras instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE).
¿Acaso no es intimidatorio que el propio Presidente de México utilice las “mañaneras” para exponer y atacar a empresas que no han pagado sus impuestos? Esta sucia táctica de “negociación” perjudica la imagen y reputación comercial del contribuyente frente al público, manchando e interfiriendo cualquier proceso legal de defensa, aunque fuera fundado el reclamo,
Respecto a la otra carta, fue firmada el 22 de octubre por un grupo de senadores y congresistas de Estados Unidos de Norteamérica, dirigida al Presidente Donald Trump.
En la misiva advierten sobre las acciones que ha realizado el Gobierno de México en el mercado energético que amenazan la inversión y el acceso de las empresas estadounidenses y socavan el espíritu del reciente Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
También reclaman que la política de la actual administración mexicana, va en contra de las reformas constitucionales de 2014, que permitieron la participación privada en el sector energético mexicano. Las empresas estadounidenses han invertido miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México y en Estados Unidos para importar combustible de las refinerías estadounidenses para satisfacer la demanda mexicana.
Acusaron que el gobierno mexicano está brindando un trato regulatorio preferencial para Petróleos Mexicanos (PEMEX) y retrasando o cancelando los permisos absolutos para las empresas energéticas estadounidenses.
Agregaron que de acuerdo con un memorando filtrado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a las autoridades mexicanas que utilicen todos los recursos disponibles dentro del marco regulatorio para proteger a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo más alarmante es que en dicha carta los legisladores señalan que miembros del partido gobernante, MORENA, han presentado iniciativas constitucionales que revertirían la reforma energética de 2014 y buscarían renunciar a todos los contratos actualmente vigentes.
Ante ello, este grupo de congresistas pide a Trump que dialogue con México para mantener certeza y equidad para las firmas estadounidenses que operan en el mercado energético mexicano.
Podrían sumarse a esta petición gobiernos de otros países, como en su momento ya lo hizo la Unión Europea, reclamando falta de certeza legal y jurídica en los procesos y contratos relacionados con el sector energético en México.
Hasta el momento no se ha pronunciado Trump, quien tiene como prioridad el proceso electoral de su reelección, por lo que difícilmente atenderá la petición en este momento, pero ya sea él o el nuevo Presidente, intervendrá en la siguiente administración.
El sábado 24, AMLO visitó la Termoeléctrica Carbón II “José López Portillo” en Coahuila y fue muy claro en su respuesta a los reclamos de los legisladores estadounidenses: su gobierno no va dar un paso atrás, que se va a rescatar a PEMEX y a la CFE. Se les va a dar preferencia a estas empresas públicas y recalcó “así de claro”.
Además, advirtió que de ser necesario enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que “vuelva a prevalecer el espíritu del Artículo 27 Constitucional”, es decir, para revertir la Reforma Energética de 2014.
Esta declaración se suma a la que realizó el Presidente de México el jueves pasado, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera provisionalmente la política de la Secretaría de Energía que limita la producción eléctrica renovable del sector privado. En esa ocasión dijo: “No vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público, del pueblo, de la nación”, haciendo apología en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX)”.
También mencionó que evaluarán otras instancias e incluso impulsará una reforma constitucional para que “prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales”.
Respecto al anunció de que la empresa española IBERDROLA no iniciará nuevos proyectos en México si continúa esta política prohibicionista, AMLO replicó: “No nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos”, “el Ejecutivo debe estar al servicio público, y del pueblo, no de grandes corporaciones”.
Un Presidente que desdeña la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera; que desconoce contratos y el marco legal; que tiene el poder y control para reformar la Constitución a su modo y antojo; que no entiende las consecuencias legales, económicas y financieras de decisiones arbitrarias y fuera de todo contexto; que engaña, intimida, agrede, ofende y ataca a la prensa que lo critica; que busca la concentración de poder y la destrucción de Instituciones autónomas; que impone su opinión y decisiones; son los ingredientes de la receta para preparar una “sopa de Dictadura con democracia molida”, a la que lo único que le falta es consolidar un triunfo electoral en las legislaturas y gubernaturas que se disputaran en 2021.
Estas cartas son de interés público y relevancia no solo porque provienen de nuestro país vecino y principal socio comercial, sino porque hacen eco internacional, exponiendo a México como una apuesta de alto riesgo para invertir, justo cuando más se necesita impulsar nuestra economía ante la grave crisis financiera.
¿Cuánto más podrá estirar la liga AMLO? Me parece que apenas estamos viendo la punta del iceberg.
No debemos depender ni confiar en que los Estados Unidos detendrán este proceso destructivo, ni será la Fiscalía de Brooklyn la que juzgará a los capos del narcotráfico y servidores públicos corruptos. Esa debe ser nuestra tarea y los norteamericanos solo velan por sus intereses.
Depende de nosotros, los mexicanos, impedir que el Presidente siga dirigiendo esta marcha fúnebre en la que se están tomando medidas para fabricar los ataúdes de la economía, la Constitución, la salud y el desarrollo social.
