El pasado 8 de junio una niña de 12 años fue reportada en la ciudad de Monterrey como desaparecida. Llamaba la atención que la alerta Ámber mencionaba como observación que estaba acompañada por su hija, una bebé de tres meses. De esta forma, era una niña y una bebé las que estaban desaparecidas.
Hace unos días, las menores fueron localizadas en la Ciudad de México. Debido a la corta edad de ambas, se supuso que algún adulto debió ayudarlas. En efecto, en noticias locales se informó que la menor había sido acompañada de su novio de 20 años, y la familia de él pedía que no fuese procesado por abuso sexual pues eran pareja.
Y mientras esto acontecía en Nuevo León, en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa minimizaba las desapariciones de mujeres en su estado pues la mayoría se escapaban con el novio.
México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con la tasa más alta de embarazos adolescentes. En 2017, por cada 1000 jóvenes entre los 15 y 19 años hubo 73.6 embarazos. En 2018, de acuerdo con el INEGI, cada día, en promedio, dos niñas de entre 10 y 11 años tuvieron que convertirse en madres, (Animal Político, 01-06-2020).
En una sociedad machista como la mexicana se ve con desprecio a la menor con hijos, pues se cree que “si tuvo edad para embarazarse que se haga cargo”. Se olvida que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera que “son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años”.
De acuerdo con el Estudio de la Población Mundial “el embarazo a temprana edad es el reflejo del menoscabo de las facultades, la marginación y presiones de compañeros, padres, familias y comunidades. Además, en muchos casos, es el resultado de la violencia y coacción sexual y de prácticas nocivas, como las uniones o el matrimonio infantil. De hecho, la evidencia muestra que nueve de cada 10 embarazos en adolescentes ocurren entre mujeres casadas o unidas” (UNFPA 2013).
Como sociedad silenciamos la conciencia, creyendo que existen relaciones consensuadas de adultos con menores. La realidad es que los embarazos infantiles o de adolescentes no son resultado de acciones planeadas o consecuencia de decisiones libres, sino que suceden en ambientes donde la menor carece de las capacidades básicas para tomar decisiones y posibilidades de tener control de su entorno.
El embarazo infantil y adolescente está enmarcado por la desigualdad social. En México, la variación en el índice de menores embarazadas varía de 97 adolescentes embarazadas por cada 10 mil en los estratos más desfavorecidos a 15 entre mil en los estratos altos. Asimismo, una de las diferencias que juegan en contra, es el poco acceso a los servicios de salud, lo cual está relacionado con el estrato socioeconómico (El País, 025-3-2019).
¿Hasta cuándo se mantendrá la ceguera institucional ante esta cruda realidad? ¿Cuánto tiempo más seguirá siendo normal tener niñas-madres? ¿Qué tan dañado está un tejido social que no se alerta de ver a una niña embarazada en compañía de un adulto?
Cada vez que acallamos la conciencia con un “se escapó con el novio”, una vida más de una niña que se embaraza se fractura. Estrella su futuro y sus sueños ante una responsabilidad que, en caso de poder sobrellevar el parto, no es apta para ellas. Las niñas no pueden jugar a ser mamás. Las niñas son nuestra responsabilidad. De esa responsabilidad nosotros no podemos escapar.
