El privilegio al encierro en tiempos del COVID-19 es una oportunidad para el aprendizaje.
Y es que debemos partir del reconocimiento de que aislarnos físicamente es una posibilidad restringida porque la gran mayoría necesita seguir saliendo a la calle para garantizar su sobreviviencia.
Pero en el confinamiento, entre esa minoría que puede desahogar sus labores económicamente retribuidas –sea por el Estado o por una empresa privada– o socialmente financiadas –como los estudiantes–, miles de mexicanos estamos aprendiendo a trabajar desde nuestros dispositivos de comunicación.
Por supuesto que para una periodista nada puede superar el atestiguamiento de los hechos en vivo, en directo y en tiempo real. Pero también es importante adaptarnos a esta realidad virtual alterna en la que se están moviendo, al menos por ahora, los debates parlamentarios.
Y es que los legisladores mexicanos han tomado en serio el lema de “Quédate en casa” y, desde ahí, sostienen diversas reuniones, en su mayoría de consumo interno, como es el caso de la puesta al día entre los integrantes de una bancada o la definición de posicionamientos políticos en el caso de los órganos de decisión de la Cámara de Diputados y el Senado.
Así que desde esa nueva condición, la del seguimiento reporteril a distancia, esta semana hemos dado cubertura a diálogos y entrevistas de nuestros parlamentarios, destacando –por el alto nivel de análisis y por la pertinencia de las propuestas– el encuentro que a través de la plataforma de Zoom sostuvieron las integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva que encabeza Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman.
Si bien la noticia evidente del intercambio fue el llamado de urgencia que las legisladoras le hicieron a la funcionaria para que se concrete la liberación de los 407 millones de pesos presupuestados para los refugios de mujeres víctimas de violencia, el debate abrió paso a una asignatura que se ha venido postergando en México y que la coyuntura COVID-19 visibiliza y coloca en los asuntos de urgencia nacional: la economía de los cuidados y el derecho a éstos.
Fue muy emocionante escuchar el alto contenido feminista de las reflexiones tanto de Nadine Gasman como de varias diputadas comprometidas con ese gran pendiente de la democracia sustantiva: el reparto de la carga doméstica, reconocimiento de la aportación social que hacen las mujeres en su rol de cuidadoras de hijos, hermanos, parejas, adultos mayores, enfermos.
Esa realidad histórica e invisibilizada en las cuentas nacionales se encuentra en crisis por la creciente y legítima participación femenina en la economía formal e informal, hecho que duplicó y triplicó sus actividades, incrementando la tensión en la vida cotidiana y sus manifestaciones de violencia masculina, tanto por la autonomía de las mujeres como por su emancipación ante la injusta demanda doméstica y el rechazo al predominio machista.
Y de esa realidad mexicana hablaron las diputadas con la presidenta de Inmujeres, quien señaló que los cuidados que la población femenina realiza equivalen a una aportación económica del 24 % del PIB.
Con la mirada puesta en el valor estratégico, de vida y sobrevivencia, que esos cuidados tienen ahora en la emergencia sanitaria, diputadas feministas como Lorena Villavicencio (Morena), Verónica Juárez Piña (PRD), Martha Tagle (Movimiento Ciudadano), Wendy Briceño Zuluaga (Morena) y Erika Sánchez Martinez (PRI), comprometieron a la funcionaria a construir una iniciativa de reforma que, pasada esta contingencia, establezca en la Constitución el derecho al cuidado.
A sugerencia de la legisladora Villavicencio, se empujó esa ruta que sumaría las propuestas que, en el mismo sentido, han hecho parlamentarias de diferentes fuerzas partidistas para reconocer las aportaciones sociales que las mujeres realizan al garantizar el derecho al cuidado digno.
Nadine Gasman se sumó a la propuesta y reconoció que la gran demanda de las mexicanas, consultadas por el Inmujeres, es contar con un sistema de cuidados que les permita salir a trabajar.
De manera que si las legisladoras se toman en serio esta promesa de garantizar constitucionalmente el derecho al cuidado, será necesario revisar las defenestradas estancias infantiles y abrirle camino a la construcción de un Estado que asuma la responsabilidad compartida de la crianza y de la reproducción cotidiana de la vida doméstica. Y eso no se resuelve repartiendo dinero, sino con un sistema de seguridad social sólido, con guarderías y atención médica incluidas.
Por lo pronto, alimentamos el optimismo con las reflexiones de la doctora Gasman: No podemos ni debemos salir igual de esta crisis, porque ahora como nunca debemos aprender la política de las cuatro R: reconocer el trabajo de los cuidadores, redistribuir sus cargas domésticas, reducir el peso que de éstas llevan las mujeres y las niñas, y representar sus intereses y demandas en el sector público y privado.
“Necesitamos un nuevo pacto social familiar por el bienestar”, expuso la presidenta de Inmujeres. Y vaya que sí.
