Las indicaciones y acciones gubernamentales han ordenado que las personas se queden en casa, no pocos colectivos de mujeres han manifestado que ello es un riesgo muy grande para las mujeres y la niñez, que encerrados en casa podrían verse más violentados.
Vivir en un hogar donde la violencia doméstica es una constante, es un infierno; salir a la calle, puede ser en muchas ocasiones el lugar seguro. A pesar de la pandemia que vivimos, para mujeres y menores de edad, lo deseable sería no quedarse a sufrir maltratos, golpes y abusos.
Esto no es exclusivo de México. En China, de acuerdo a portales noticiosos, una asociación refiere que la violencia contra las mujeres se ha triplicado en época de cuarentena, en comparación con el año pasado. En Uruguay en una semana se han cometido ocho feminicidios, en plena pandemia, por tanto, el hogar, no es el lugar seguro de las mujeres.
No es solo la violencia física la que lastima, sino el estereotipo de que a la mujer le corresponden las tareas del hogar y de cuidados de hijas e hijos y adultos mayores, aunado a realizar el trabajo profesional en casa. En México, el INMUJERES emitió un comunicado para que, quienes integran el hogar equilibradamente desarrollen las actividades, estableció que todas aquellas autoridades e instituciones dedicadas a la prevención, atención y en su momento a sancionar la violencia contra las mujeres refuercen medidas de información y de actuación para tal efecto.
De la misma forma, recomienda que las mujeres a través de llamadas al 911 denuncien los actos de violencia a que se enfrenten.
Todo ello es un decálogo de buenas intenciones, las mujeres en situación de violencia ni siquiera podrían hacer uso de un teléfono para llamar y esperar horas para ser atendidas, las acciones deben ser más eficaces y eficientes, por ejemplo, que todas aquellas carpetas de investigación iniciadas con motivo de violencia doméstica, sean atendidas, que se determinen visitas periódicas para verificar el estado físico y emocional de esas mujeres y sus hijas e hijos.
Por su parte, las investigaciones donde las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, de igual forma, el protocolo sea de verificación del estado óptimo de esas personas.
De otra forma, las violencias que se susciten en los hogares, por atender la necesidad de permanecer en casa, podrían traer consecuencias irreparables.
Las estadísticas permiten tener datos que obligan a que el Estado reaccione con más y mejores estrategias de protección y garantías para quienes se encuentran en riesgo por cuestiones de violencia, está claro que ni en momentos de pandemia mundial exista tregua en un tema tan sentido, que desde finales del 2019 y principios de este año motivó a prácticamente las mujeres del mundo a gritar en las plazas públicas y exigir de sus gobiernos respeto a su integridad y a su vida.
Pretender que, con una llamada, la violencia cederá es casi como esperar el milagro de que de un día para otro el COVID-19 desaparecerá, por tanto, el 911 no es precisamente la resolución a una problemática que lleva vidas de por medio, si acaso, resulta un paliativo casi ineficaz. Entre el tiempo de una llamada y la reacción de la autoridad competente pueden estar los últimos minutos de una mujer, o la integridad física de un menor de edad.
No es pesimismo, la realidad de la vida de muchas mujeres supera cualquier pronóstico, quién ante la emergencia nacional de salud podría imaginarse que las mujeres y sus hijas e hijos estarían viviendo bajo amenaza, para cualquier persona podría parecer impensable, pero no es así, el hogar, no siempre es dulce.
La seguridad de las mujeres, y toda persona que pertenezca a un sector vulnerable, no puede depender del acto volitivo de una llamada, porque no siempre se tiene acceso a ese medio, las acciones de protección y garantías deben ser de mayor contundencia, porque aspiramos a salir de la pandemia del COVID-19, pero queremos salir todas.
