La exigencia para realizar acciones concretas dirigidas a los grupos de atención prioritaria se ha hecho cada vez más imperiosa en nuestra ciudad, socialmente tenemos la obligación de actuar en lo que nos corresponda, para garantizar igualdad de derechos a los grupos poblacionales que históricamente han sido invisibilizados y puestos en condiciones de vulnerabilidad.
En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), tenemos un compromiso con los grupos de atención prioritaria reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México y hemos centralizado nuestros esfuerzos partiendo de tres aristas.
Primero, la educación cívica; entendida como la necesidad que tiene el estado de fomentar, a través de la enseñanza de determinados valores, aptitudes y capacidades que se consideren básicos para formar una ciudadanía capaz de ejercer influencia política tanto en su comunidad como para que, en sus respectivos ámbitos de acción, contribuyan al buen funcionamiento de las instituciones.
En ese sentido, la educación cívica subraya la necesidad imperante de que la ciudadanía sea consciente de la fuerza e importancia tanto ella como aquellos valores de respeto y tolerancia hacia lo diverso como base de la integración social y de la convivencia comunitaria.
Reconocer y respetar a grupos de atención prioritaria como, por ejemplo, los adultos mayores, permite mantener una identidad política que respete a la pluralidad.
Recordemos, que los sistemas democráticos, legitimados por una voluntad popular que exigen algún tipo de participación política de la ciudadanía (por mínima que sea), siempre han incorporado una reflexión sobre la competencia política y la necesidad de una educación cívica.
Y aunque se atribuye a todas las personas adultas mayor capacidad suficiente, se entiende que su competencia puede ser mejorada si existen procedimientos participativos que fomenten los comportamientos cívicos. El reto no es menor: seguimos teniendo una ciudadanía de baja intensidad, recelosa de la política, reacia a involucrarse en ella e incapaz de traducir su malestar e indignación en acciones organizadas capaces de imponer contextos de exigencia a la clase política.
Por ello, ahora en muchos casos, la educación cívica se presenta como la herramienta ideal que sirve como elemento decantador de que los sistemas políticos dejen de apoyarse en una ciudadanía que cumpla, sin cuestionar las exigencias del sistema, y se transformen en una ciudadanía deliberativa o participativa, que hagan efectivo el principio de igualdad política democrática.
Segundo, la participación ciudadana; en las democracias consolidadas, la crisis de las instituciones democráticas tradicionales se refleja en diversas formas de apatía por parte de la ciudadana. En las nuevas democracias o en vías de consolidación, hay una preocupación por legitimar las nuevas instituciones y fomentar los valores democráticos.
Esta preocupación para evitar el deterioro o la debilidad de las instituciones democráticas se traduce en la promoción del conocimiento democrático, de su funcionamiento y en la participación, en sus formas de voto y asociación.
Este fenómeno, a diferencia de lo que ocurre en la población más joven en donde se presenta un creciente desapego de los procesos políticos, junto a un desprestigio generalizado de la política. La población adulta mayor, pese a que representa tan solo el 14% de la lista nominal a nivel nacional, en las pasadas elecciones votó el 72% de ellos.
Tercero, en términos demográficos, en México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica existen aproximadamente 15.4 millones de personas mayores de 60 años y actualmente 6 de cada 10 personas mayores son mujeres, haciendo evidente una feminización del envejecimiento, con una esperanza de vida en promedio de 75 años: 78 años para mujeres y 73 años para los hombres.
Lo anterior, cobra una doble importancia para el Instituto Electoral, ya que la población adulta mayor presenta, en la mayoría de los casos, una doble condición de discriminación.
La diversidad en este grupo poblacional es innegable, puesto que los adultos mayores enfrentan de forma recurrente múltiples escenarios desfavorables. Por ejemplo, enfermedades crónicas, discapacidad física o mental, una mayor necesidad de utilización de servicios de salud, pobreza, desigualdad laboral, soledad o abandono.
El envejecimiento poblacional no es un fenómeno únicamente de México, sino que es un fenómeno que se presenta de forma generalizada en toda la región Latino Americana, ello dentro de un contexto de inequidad, que es la mayor en el mundo.
El estudio “Vejez y Pensiones en México” realizado por el Consejo Nacional de Población, estima que para el año 2050 la población adulta mayor alcance los 24.4 millones; en términos relativos, la proporción de este grupo etario crecerá de 7.2% a 16.2%. La velocidad del fenómeno añade un desafío mayor a esta situación, debido a que en tan solo 33 años la población de 65 años o más casi se triplicará; en otros países este proceso ha tomado más de 50 años
Es por ello que ante esta preocupación el Instituto Electoral impulsa que este sector de la población ejerza sus derechos político-electorales sin restricción alguna y que tenga una participación más activa a través de los mecanismos de democracia directa.
De esta forma, el IECM, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, llevó a cabo la firma de un Convenio General de Apoyo y Colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), para promocionar el envejecimiento saludable a través de la producción de nuevos conocimientos enfocados, tanto para este sector etario, como para la sensibilización de la ciudadanía en general, mediante la difusión y utilización de los mismos con la finalidad de promover y robustecer la educación cívica de la población adulta mayor. De esta forma se busca reforzar la inclusión de este sector de la Ciudad de México.
La preocupación de hacer agentes activos a este sector de la población surge de lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto del envejecimiento activo. El cual, es un proceso que permite mejorar las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida de las personas adultas mayores. El mismo ayuda a lograr una existencia más larga, con un mejor estado de salud, mayor productividad y mejor calidad de vida.
Estamos ciertos que a través de actividades de involucramiento con la población adulta mayor el término “activo” no haga únicamente referencia a la actividad física, sino que además incorpore conceptos como participación social, cultural, económica, cívica y espiritual. El envejecimiento saludable postula el reconocimiento de los derechos humanos de los adultos mayores, y es la base de la prevención en salud.
Algunas de las medidas que adoptaremos para la activación de este grupo etario son: crear mecanismos de apoyo para la atención al adulto mayor; asegurar la participación del adulto mayor, independientemente de su estado de salud; establecer modelos de atención inclusivas para la ciudadanía adulta mayor y realizar una campaña permanente para favorecer la cultura, para lograr una vejez activa y sana.
Debemos tomar en cuenta las oportunidades a las que todas las personas adultas mayores como ciudadanía activa pueden optar; participar e implicarse en el conjunto de las esferas de la vida económica y social, aportando sus conocimientos como individuos de la sociedad. Y, precisamente, aquí cobra especial significado el papel de las personas mayores como ciudadanos comprometidos con su comunidad y con el interés colectivo, más allá de su consideración como simples titulares de derechos.
