El pasado viernes 24 de enero, comités consultivos de la Secretaría de Economía y la Cofepris aprobaron las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana (NOM 051) de la Ley General de Salud, que hace obligatorio el etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas para identificar los productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías.
El asunto más importante aprobado en la norma es el etiquetado frontal de advertencia, a través del cual el consumidor identificará de forma rápida y clara los productos asociados con riesgo de sobrepeso y obesidad.
De acuerdo con la página de la Secretaría de Economía “actualmente 45 por ciento de las muertes en el país se deben a diabetes, problemas cardiovasculares y obesidad”, cuya causa principal es el alto consumo de productos no saludables, industrializados, ultraprocesados, con alto contenido energético y bajo valor nutricional.
Si bien la iniciativa fue aprobada la semana pasada, el debate respecto a su esperada eficacia continúa, en parte, debido al descontento de la Iniciativa Privada (IP), en particular el Consejo Coordinador Empresarial, que acusó al Gobierno de “imponerle” el etiquetado como si fuera la panacea para erradicar los problemas de salud derivados de la obesidad.
De acuerdo con el presidente del organismo empresarial, Carlos Salazar Lomelí, ellos propusieron combatirla en tres frentes: informar y educar (donde interviene el etiquetado), reformulación de productos e impulso de la actividad física.
El descontento empresarial alcanzó incluso el ámbito internacional, pues cabildearon con los gobiernos de Estados Unidos y Suiza (léase Nestlé y Lindt) para que alertaran sobre la modificación a la ley ante la Organización Mundial de Comercio como un mecanismo de presión y para denunciar a México por la violación de normas de comercio internacional, con el argumento de que es necesario un plazo de dos años para realizar los cambios en los portafolios de los productos y sus campañas publicitarias.
En contraparte, activistas de organizaciones que impulsaron y abanderan el etiquetado frontal, como Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, explicaron a lo largo de esta semana en diferentes medios que la IP sí formó parte de las mesas de trabajo y de las 20 reuniones en las que se desahogaron los mecanismos para la aprobación de la norma, y que dichos argumentos en su contra eran de esperarse.
Al parecer, la experiencia chilena con los etiquetados negros sí tuvo un impacto positivo en la reducción del consumo de alimentos con exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, cambiando los hábitos de consumo, ya que a tres años de su aplicación, los chilenos prefieren comprar productos con menos sellos.
Aunque el sector empresarial tiene un buen punto al señalar que el etiquetado de advertencia no será suficiente para combatir la obesidad infantil si no hay una política integral al respecto, yo sí creo en el poder de la advertencia y del “sobre aviso no hay engaño”. Y es que los octágonos negros sí llaman la atención. Lástima que en estos casos de vida o muerte no podamos usar la psicología a la inversa, y en lugar de imprimir leyendas de advertencia en productos dañinos, utilizáramos frases alentadoras en los saludables. ¿Qué tal si a un manojo de espinacas le pusiéramos un octágono con la leyenda “Alto en vitaminas y minerales”?
Lo cierto es que mientras no haya una fecha de arranque para la aplicación de la norma 051, la guerra entre la industria y los activistas continuará.
Ojalá llegue un día en que los octágonos negros se conviertan en una advertencia tan poderosa como la calaca en el triángulo amarillo que denota “peligro”.
Ojalá algún día ya no necesitemos de etiquetas alarmantes para alejarnos de la avalancha chatarrosa y salir de la lista negra de los países con mayor índice de sobrepeso y obesidad.
