La violencia intrafamiliar, silenciosa y escondida detrás de cuatro paredes, es el capítulo inicial de los feminicidios. Es un problema de salud pública mundial que, tan sólo en México ha cobrado la vida de miles de mujeres.
Un reporte de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés) reveló que los casos de violencia familiar en México han crecido 751 por ciento en sólo 15 años.
El estudio detalla que en 2003 se registraron 15 casos de violencia familiar por cada 100 mil mujeres. En 2010 fueron denunciados 70 casos, lo que representó un aumento de 421 por ciento.
La tendencia de crecimiento exponencial fue confirmada en 2018, cuando fueron catalogados 122 casos por cada 100 mil mujeres. Sólo en los primeros 10 meses de 2019 se han presentado 102 casos, por lo que resulta previsible cerrar el año con valores cercanos a 2018.
El fenómeno parece interminable. El mismo reporte de la UNODC refiere que entre enero y septiembre de 2019, las 32 entidades federativas de México acumularon 546 mil 799 llamados de auxilio relacionados con incidentes de violencia familiar.
Si consideramos las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 25 por ciento de las mujeres no mueren en espacios públicos sino en viviendas particulares. Estos datos demuestran que los hogares no siempre son los lugares de refugio y seguridad para las mujeres y que, en varios casos, ellas cohabitan con sus agresores, los perpetradores de una violencia letal.
Esa violencia doméstica inicia con discusiones, insultos y gritos; luego degenera en golpizas y agresiones sexuales; y termina en las historias aterradoras que diariamente publican los diarios nacionales y locales: mujeres asesinadas brutalmente por arma de fuego, ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación o apuñaladas.
Cada una de esas etapas, los jueces suelen considerarlas como simple violencia doméstica. Ni fiscales, ministerios públicos o jueces acostumbran darle importancia a este tipo de episodios que avanzan paulatinamente en frecuencia y en fuerza.
Esa actitud fue la que provocó el asesinato de Abril Pérez Sagaón, quien a pesar de que había denunciado violencia familiar, fue asesinada a balazos la noche del lunes 25 en Coyoacán.
La mujer era esposa de Juan Carlos García, ex CEO de Amazon México y posteriormente directivo en Grupo Elektra, y recibió dos impactos de arma de fuego -un disparo en la cabeza y otro a la altura del cuello- cuando circulaba como copiloto en un vehículo sobre Circuito Interior Río Churubusco, en la Colonia El Carmen.
Tras el ataque, la víctima fue canalizada de urgencia a un hospital, pero los médicos ya no pudieron salvarla.
En enero pasado, Abril denunció violencia familiar e intento de homicidio por parte de su esposo. En la audiencia inicial, Juan Carlos fue procesado y un Juez de Control le dictó prisión preventiva oficiosa. Durante el proceso, la mujer tramitó el divorcio y se quedó con la custodia de sus hijos.
El 4 de enero pasado, Pérez Sagaón tuvo una pelea con su esposo, quien presuntamente la golpeó e intentó apuñalarla. Tras la riña, ambos fueron hospitalizados y ahí comenzó el proceso penal.
Esa eran llamadas de atención que nunca fueron sopesadas suficientemente por la autoridad a fin de darles un seguimiento cercano y así evitar finales fatales, como el de Abril.
Atender con diligencia, responsabilidad y sensibilidad los reportes tempranos de violencia familiar y hacer cumplir las órdenes de protección que amparan a las mujeres maltratadas, son la ruta ideal para terminar con la violencia letal.
Los colectivos de mujeres, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación han conseguido incorporar en la agenda pública las aterradoras historias de la violencia de género.
Llegó la hora de empezar a visibilizar estas historias para garantizar que México avance en el objetivo de ser un país libre de violencia.
