Al menos siete mujeres indígenas fueron encarceladas la semana pasada por la autoridad municipal de Santa María Alotepec, en la sierra mixe de Oaxaca, porque se negaron a prestar los trastes de la cocina comunitaria para una fiesta, debido a que están bajo su resguardo.
De acuerdo con una nota en Proceso ( 02–08–2019), se denunció que Soraida Galván Marcos, hija del presidente municipal, y los topiles (policías comunitarios) agredieron a las mujeres porque se negaron a proporcionar las “cosas de la cocina comunitaria del DIF”. La nota incluye un breve video de 19 segundos en el que se observa a las mujeres recluidas.
Por tal razón, organizaciones nacionales e internacionales hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, para su inmediata intervención y evitar que se siguieran vulnerando los derechos de las indígenas.
El cabildo terminó liberando a las mujeres. Pero, a la vez, respondió al llamado de las ONG a juzgar el caso con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación que tienen las comunidades indígenas.
Advirtió: “ya no estamos dispuestos a tomar en consideración (llamadas telefónicas, medidas cautelares y las amenazas de iniciar una carpeta de investigación) pues violenta nuestros sistemas normativos indígenas”.
El secretario del municipio, Donaldo Monterrubio, publicó una carta a título personal en la que detalla más esta visión:
“Este caso no es una cuestión de vulnerabilidad por ser indígenas, ni una cuestión de género, es un fenómeno latente donde las autoridades que el mismo pueblo nombra es desconocida y desacreditada por el gobierno y sus instituciones, señalándolos como criminales y faltos de sensibilidad ¡esos indios con sus usos y costumbres!”.
El caso deja entrever lo complejo de los sistemas normativos indígenas, pero también deja al descubierto una asignatura pendiente: ¿de qué manera el machismo es amparado por los usos y costumbres?
Basta con recordar el caso de Rosa Pérez Pérez. El 19 de julio de 2015, la entonces candidata del Partido Verde ganó las elecciones por la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó. La obligaron a renunciar. Algunos representantes de las comunidades indígenas del municipio argumentaron que sus prácticas tradicionales les permitían elegir, revocar y sustituir un mandato local. Al parecer, de acuerdo con las arraigadas tradiciones del pueblo, una mujer no puede gobernarlos. Si bien fue reinstalada, el episodio dejó al descubierto cómo se hace a un lado la perspectiva de género cuando se privilegia el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Este sistema, que domina la esfera política, social y económica en los municipios indígenas chiapanecos, perpetúa el régimen patriarcal que “deja a las mujeres en condiciones de inequidad y marginación, al punto que las niñas y mujeres que reciben abuso físico o sexual no denuncian ante las autoridades por miedo a la reacción de su comunidad”, ha denunciado la indígena Pascuala R. Entzin (El Sol de México, 19–04–2019). Originaria de San Juan Chamula, uno de los municipios indígenas más grandes donde los usos y costumbres son muy arraigados, acusó también la constante de la violencia sexual y venta de esposas.
Eufrosina Cruz, quien ha fungido como diputada y fue la primera mujer indígena presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca, cobró notoriedad en 2007 al triunfar en la elección a presidenta municipal de Santa María Quiegolani. Su triunfo fue anulado porque las leyes tradicionales estipulaban que las mujeres no podían ser elegidas al cargo.
Quedaron para la posteridad las declaraciones de Cruz cuando presentó su queja en diciembre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
”Para mí ya es abusos y costumbres. Exijo que nosotras, las mujeres de allá de la montaña, tengamos el derecho de decidir nuestras vidas y no solamente el derecho de votar y de ser votadas, porque dice la Constitución que tenemos ese derecho”.
Las mujeres indígenas también son agenda feminista. No todo son las redes, hashtags y pañuelos verdes. Las luchas son inclusivas. Y si no van ellas no estamos completas.
Asumiendo que abordar su problemática particular es complejo, que requiere un conocimiento profundo de su cotidianidad, raíces e identidad cultural, es obligado el acompañamiento. La equidad de género es y debe ser un principio universal.
Es hora de entender que la inequidad, violencia, la pobreza y la invisibilidad no pueden ser uso y costumbre.
