En el Estado de México los feminicidios aumentan y el miedo crece, mientras la clase política permanece indiferente ante la desgracia de sus pobladores. Diana, con apenas 24 años, es el claro ejemplo del fracaso de las alertas de género. Fue golpeada, violada y asesinada en Chimalhuacán. Una historia de violencia y muerte.
Diana Velázquez Florencio sólo tenía 24 años. Había concluido la secundaria abierta y estaba decidida a cursar la preparatoria vía Internet. Por eso vendía dulces en la calle, para comprar una computadora y cumplir sus sueños. Todo terminó en una pesadilla.
La madrugada del 2 de julio de 2017 salió de su casa, por el rumbo de Santa María Nativitas, para hacer una llamada. No regresó. Sus familiares fueron a la Fiscalía de Chimalhuacán a reportar su desaparición. Eran las ocho de la mañana, pero las autoridades se negaron a levantar el acta. Tenían que esperar 72 horas, argumentaron, para estar seguros de que no “se fugó con el novio”, “huyó de la casa” o “estaba de fiesta”.
La madre y hermana de Diana, desconsoladas, continuaron su búsqueda. Recorrieron largas calles y avenidas. De vez en vez, llamaban al celular esperando que ella atendiera el teléfono, deseando escuchar otra vez su voz. Cerraban los ojos y los volvían a abrir, con fuerza y precipitadamente. Como si ese aleteo de mariposa fuera el ritual de magia preciso para que Diana apareciera frente a ellas.
Su cuerpo fue encontrado en la colonia Guadalupe, atrás de la Plaza Chimalhuacán. Fue golpeada, violada, estrangulada. Y la actuación de las autoridades ministeriales fue todo un desastre.
El cadáver fue hallado el mismo día que Diana desapareció, pero fue identificado inicialmente como hombre, lo cual retrasó saber exactamente de quién se trataba.
No se ordenaron los análisis de las muestras de semen encontradas en su cuerpo y en su ropa, a fin de identificar el ADN de su agresor; tampoco se analizaron los restos de piel bajo sus uñas; ni solicitaron los registros de llamadas a la compañía telefónica.
Han transcurrido dos años y su asesinato sigue impune. La alerta de género, decretada desde 2015 en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tultitlán, Tlalnepantla, Toluca, Izcalli y Valle de Chalco ha fracasado, no ha servido de nada.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reprobó y lamentó el actuar del Gobierno del Estado de México ante la implementación de la Alerta de Género: los feminicidios han aumentado, presentan la violencia como hechos aislados y se niegan a activar los protocolos adecuados cuando una mujer desaparece.
Ya no es un tema de recursos. El Estado de México cuenta con dos Centros de Justicia para las Mujeres, Policías de Género en once municipios y 30 millones de pesos para apuntalar la Alerta de Género. Llegó la hora de atender la violencia feminicida con responsabilidad política y compromiso social.
