Un tema que atañe al mundo y al que no se le ve fin, ni la forma de detenerlo, es la deplorable trata de personas.
A unas más que otras, pero afecta a todas las naciones. Ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas de trata.
Y no se termina porque es un negocio, que junto con el tráfico de armas y el de las drogas, son los tres delitos que dejan mayores ganancias económicas a quienes lo ejercen.
Se calcula que al año se obtienen 32 mil millones de dólares en el mundo por ese ilícito. El 4.1 por ciento de esas ganancias se generan en América Latina, es decir, unos mil 300 millones de dólares, aproximadamente.
Resulta casi imposible hablar de cifras porque al tratarse de una actividad ilegal, no todos los casos están documentados. Sin embargo, Naciones Unidas estima que hay cerca de 12 millones de personas víctimas de trata en todo el mundo, pero se calcula que por cada persona identificada hay otras 20 que lo sufren y no han sido documentadas.
De la cifra de 12 millones, 70 por ciento son mujeres y niñas; la mitad de ellas son menores de 18 años que los criminales ofrecen como como joyas a sus clientes cómplices.
Las principales víctimas huyen de la pobreza, del maltrato, de la violencia física y sexual. Su condición de vulnerabilidad las arrastra literalmente al infierno. Son secuestradas con engaños, amenazas, golpeadas y explotadas sexualmente, bajo un “supuesto” y estúpido consentimiento.
El informe global del año pasado sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que en las zonas en conflicto han aumentado los casos de trata. Los grupos armados secuestran a mujeres para recompensar a los combatientes con esclavas sexuales.
En México se estima que hay aproximadamente 500 mil personas víctimas de trata, según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Solo seis entidades tienen refugio para víctimas de trata: Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Colima.
Menos de la mitad de las entidades del país, el 47 por ciento, aplican la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos de Trata de Personas.
Pero de nada ha servido endurecer las penas de cárcel y atacar el poder económico de las bandas ligadas a esta calamidad.
Detienen a unos criminales y llegan otros. Todos amparados por el contubernio de la corrupción. Autoridades omisas que se hacen de la vista gorda o que incluso participan en el delito.
Cada conmemoración hay los mismos discursos y compromisos. Pero cada conmemoración el problema crece y las victimas van en aumento.
Lo que tenemos que recordar es que las estrategias han fallado, que los mecanismos no han sido eficaces y que cada vez tenemos nuevos casos en México.
En diversos foros y reuniones internacionales hemos escuchado que no se puede abordar el tema de la explotación sexual y trata de personas de forma adecuada por la carencia de planes gubernamentales integrales.
Porque hay más impunidad que condenas y porque no hay presupuesto para ello.
El reto que tenemos como sociedad es apoyar a los investigadores y a los grupos de la sociedad civil que encabezan las demandas de este tema, para acompañarlos en la peticiones y vigilancia de las acciones que realice el gobierno.
Las políticas públicas, la persecución del delito, su combate, el castigo a los responsables y la protección a las victimas debe ser una vitrina en la que todos estemos vigilando el proceder de las autoridades.
El gobierno federal simplemente puede decir, no quiero o no puedo.
A la sociedad nos toca insistir en que debe y tiene que poder.
