La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones sociales alertaron que la política de austeridad implementada por Andrés Manuel López Obrador afectará la atención y prevención de los feminicidios, pues se espera que haya recortes en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)
De acuerdo con información periodística, Elsa Conde, titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, señaló que la afectación ocurrirá principalmente en el cumplimiento de las alertas de género, puesto que el grupo que va a dar seguimiento a 22 procesos será de tan sólo tres personas.
Asimismo, para María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la política de austeridad ya afectó a la prevención de este delito desde que los refugios para mujeres tuvieron que esperar siete meses para recibir recursos.
A finales de abril, Roxana Aguilar, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas, advirtió ante diputados que en 2017 México ocupó el segundo lugar en feminicidios en una relación de 24 naciones, tan sólo debajo de Brasil. Sin embargo, en este 2019 ocupa el primer lugar.
Una austeridad que mata en un país donde las cifras que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) advierten que en el primer cuatrimestre del 2019 murieron mil 199 víctimas de la violencia machista. Es decir, cada dos horas y media, en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, una estadística que no disminuye. Por otra parte, la violencia contra la mujer provoca víctimas colaterales, pues en México ha dejado alrededor de 3 mil 400 menores huérfanos en los últimos ocho meses, de acuerdo con la titular de la Dirección para una Vida Libre de Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano.
Esta violencia no respeta edad, pues en los primeros cinco meses de este año se cometieron 50 feminicidios de menores en todo el país, según las estadísticas del SESNSP. La cifra es la más alta para ese periodo en los últimos cinco años, pues entre enero y mayo de 2015 se cometieron 21; en 2016, 25; en 2017, 25, y en 2018, 31.
Ante las denuncias de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la información acerca de la violencia en contra de los menores, en concreto, sobre los homicidios. ”Es amarillismo”, dijo ante las cifras de menores asesinados en el país en el primer trimestre del año.
En junio, el grupo de trabajo que solicitó la alerta de género para la Ciudad de México denunció una serie de irregularidades que propiciaron que este mecanismo no fuera activado, al tiempo que urgió a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que revise la situación actual e intervenga para evitar que más mujeres sean agredidas en la capital del país. La alerta no fue emitida, pese al alto índice de violencia y a que la ciudad está ubicada como la sexta en incidencia en feminicidios, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad Pública.
Ante este panorama ¿dónde está la titular de la Conavim? La doctora Candelaria Ochoa, destacada académica y con trayectoria reconocida como feminista, parece tener otras prioridades.
Es muy activa en su cuenta de Twitter, lamentablemente no para poner en el centro de la agenda los problemas relacionados con la misión a su cargo, sino los de la 4T. Una revisión de su timeline la muestra más preocupada por defender al gobierno y atacar a sus críticos. Al parecer está abocada en las grillas políticas, más que en hacer aliados para la causa y defensa de las mujeres.
Debiera recordar que la causa de la cual es responsable debe trascender la lucha facciosa partidista y que como servidora pública su deber es con la nación, no con la cuarta transformación, cualquier cosa que esto signifique.
Al fondo del arcón
Las mujeres que ejercen altos cargos tienen la responsabilidad de ejercer con apego a los más altos estándares de rectitud. Por desgracia, en esta aspiración no encuadra la conducta de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, que hace caravana con sombrero ajeno con la renuncia del delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí. No sólo pretende escamotearle el crédito a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que exhibió las anomalías del funcionario, sino que usa la cuenta oficial de la dependencia para colgarse la medalla y de paso publicar su foto de cuerpo entero como si modelara ropa. Y a eso le llaman “nueva ética pública”.
