La posibilidad de terminar con el abstencionismo está en cada persona, somos nosotros los que integramos el Registro Federal de Electores y aparecemos en la lista nominal cuando se llevan a cabo las elecciones quienes estamos obligados a erradicar esa falta de actitud cívica.
En general cuando pasa una jornada electiva siempre se hace referencia a la cantidad de electores que no acudieron a las urnas y que no legitimaron a sus nuevos representantes populares, se culpa entonces a las instituciones, a los partidos políticos, pero jamás se señala a quien legalmente es el responsable.
Si nos ajustamos a lo que establece el artículo 36 constitucional que dice que son obligaciones de la ciudadanía (en realidad dice ciudadano, pero preferimos el lenguaje inclusivo), y en su fracción III, señala como una de ellas el votar en las elecciones y consultas populares en los términos que señala la ley, podríamos decir que cada persona que no acude a emitir su sufragio esta faltando a la Constitución Federal.
Pero pareciera que se señala solo la obligación sin una consecuencia, entonces no importa no ir a emitir un voto y esperar a que salgan los resultados por parte de la autoridad para decir que las estrategias publicitarias fallaron, que gobernará alguien que no está legitimado por la voluntad popular, algunos más arriesgados dirán incluso, sin pruebas, que hubo fraude, pues no ganó aquel al que consideraban mejor, aún y cuando ni siquiera fueron a su casilla.
Y todo ello pasa porque para la obligación que impone el artículo 36 constitucional en su fracción III no hay una responsabilidad o sanción por no cumplir lo que dice la ley.
La cosa interesante es que si hay una gran sanción. Sin embargo lo que no existe es el mecanismo para implementarla, o simplemente por más de 100 años que tiene nuestra Carta Magna el Estado no ha decidido hacer efectiva esa falta que comete la gran mayoría de las personas habitantes de este país.
Justamente, un artículo constitucional separa la obligación de la responsabilidad que conlleva su incumplimiento, en el numeral 38, establece que los derechos o prerrogativas de la ciudadanía se suspenden y en la primera fracción señala que por falta de cumplimiento sin causa justificada de lo que dice el mencionado articulo 36, y además señala que la suspensión será por un año y en su caso se impondrán otras penas.
Imaginemos que esto último se cumpliera. Y así como toda la semana pasada se dijo que en las elecciones del domingo 2 de junio pasado ganó el abstencionismo, el Estado a través de diversas instituciones suspendiera los derechos de la ciudadanía de las entidades donde se llevaron a cabo las elecciones.
A partir de ese momento la ciudadanía que no fue a votar tendría suspendidos, durante un año, los derechos que establece el artículo 35 de la Constitución Federal, es decir, no podrían votar, ni ser votados, tampoco solicitar el registro a candidaturas sin partido.
Estarían impedidos para asociarse individual y libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país, lo que se traduce en que estarían impedidos de militar en partidos políticos, o en constituirlos.
La ciudadanía también vería afectada la posibilidad de ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. De igual forma por un año aquellas personas que no fueron a votar, no podrían ser nombrados para cualquier empleo o comisión en el servicio público, aún y cuando cumplieran los requisitos que establece la ley.
Además verían disminuidos por el mismo tiempo, sus derechos de iniciar leyes y votar en las consultas populares.
Por lo tanto, no es cualquier cosa el determinar no acudir a sufragar, de hecho es algo muy irresponsable, porque al tener limitados los derechos político-electorales la ciudadanía no podría por ejemplo hacer uso de su credencial de elector, lo que se traduce de forma inmediata en la imposibilidad de realizar cualquier trámite en el que se requiera identificarse: ir al banco a realizar cualquier operación, hacer compras en algunos establecimientos, viajar en avión ya que sería imposible abordar sin previamente haberse identificado con su credencial para votar, así mismo tramitar el pasaporte, la visa, inscribirse a la universidad, para quienes acaban de cumplir 18 años sería materialmente imposible entrar a un bar.
Así que la próxima vez que escuchemos que hubo un gran porcentaje de abstención en la jornada electiva, no culpemos a las instituciones, sino pensemos en la ciudadanía que estaría en graves problemas por incumplir la ley.
Acabar con el abstencionismo en serio está en ti, en cada persona que cuenta con una credencial para votar y aparece en el listado nominal.
