Ciudad de México.- El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Nuevo León que criminaliza el aborto.
El recurso fue presentado por la legisladora Gabriela Osorio Hernández de la bancada de MORENA, quien explicó en tribuna que el pasado 6 de marzo el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó, en fast track, y sin una plena discusión, una reforma al artículo 1 de la Constitución Política de ese estado mediante la cual “reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene; desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural”.
Las diputadas y diputados de MORENA manifestaron su “rechazo e indignación” por la “incongruencia e ilegalidad” de esta reforma y por la irresponsabilidad de las y los legisladores del Congreso de Nuevo León, quienes en clara violación a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobaron una reforma que contraviene principios fundamentales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Subrayó que esta reforma tiene repercusiones graves en materia de derechos humanos de las mujeres, pues no solamente restringe el derecho a la salud reproductiva, haciendo ilegal la atención en salud para cualquier mujer neoleonesa que busque ejercer su derecho a interrumpir su embarazo, sino también es susceptible de criminalizar a las mujeres que busquen interrumpir su embarazo aun cuando su salud esté en riesgo.
Además, consideró Osorio Hernández, libra de cualquier responsabilidad al hombre en el proceso de reproducción.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León alertó también sobre las implicaciones de esta reforma por ser contraria a los derechos humanos de las mujeres y no ser compatible con los parámetros de derechos humanos a los que se ha comprometido observar el Estado mexicano.
Así mismo, argumentó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión”.
Gabriela Osorio consideró que “en este tema no hay ninguna consideración de tipo moral, religioso o filosófico de si estamos en favor o no de la interrupción del embarazo. Lo que planteamos es que se respeten los tratados internacionales que México ya ratificó y nuestros marcos normativos tanto la Constitución como las recomendaciones que ya emitió la Suprema Corte de Justicia en cuanto a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres”.
Antes de ser aprobado el exhorto, el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), pidió adicionar al mismo que el llamado también se haga para el Fiscal General de la República.
“No estoy en contra de este punto de acuerdo. Soy un convencido de que lo menos que tenemos que hacer es criminalizar a la mujer, porque meterla en un esquema de criminalización lo único que hace es revictimizarla, que pasa por un trauma psicológico, social, hasta biológico muy importante como para maltratarla de nueva cuenta”, dijo en tribuna.
Afirmó que la Fiscalía General de la República tiene facultades para presentar un recurso de acción de inconstitucionalidad.
Esta modificación fue aceptada por la diputada promovente del punto de acuerdo y por el grupo parlamentario de MORENA, en voz de la diputada Valentina Batres Guadarrama.
