Por José Luis de la Cruz Gallegos
Nadie puede aspirar a pensar que posee la verdad absoluta, mucho menos en una nación como México en donde la fragmentación económica, política y social que se vive es producto del proceso histórico del país, una consecuencia de la concentración del poder.
La heterogeneidad económica y social es resultado de la aplicación de una lógica de exclusión a lo que no comparte la postura que emana del poder político.
Para que México alcance una nueva etapa de progreso y desarrollo debe construir las bases de un verdadero diálogo social, que sea incluyente y que realmente solvente las necesidades de toda la población, sin excluir a nadie.
Durante décadas, el diálogo se ha encontrado ausente en la dinámica de la sociedad mexicana. El último siglo ha observado la prescripción y el establecimiento, desde la estructura del poder, de paradigmas y dogmas que se convirtieron en el ideario que condujo la vida diaria de millones de personas.
La lógica emanada de la Revolución Mexicana, y de un Estado que se fortaleció al minimizar a la oposición, no requería de una participación social activa: la institucionalización del país posrevolucionario se tradujo en la construcción de un Estado Corporativo que tuvo la fuerza para generar el crecimiento robusto de 6 por ciento anual observado a lo largo del periodo conocido como el Desarrollo Estabilizador. Sin embargo, y al mismo tiempo, dicho Estado Corporativo no tuvo la capacidad de evitar que la corrupción se infiltrara en su ADN.
A mediados de la década de los años setenta del siglo XX, la fricción del gobierno con los movimientos estudiantiles, obreros, empresariales y provenientes de diversos actores de la sociedad civil había sembrado la inestabilidad que lo condenó. Los reprimió, los descalificó y los cooptó, pero pocas veces los escuchó y atendió.
El no contar con un diálogo inclusivo que permitiera reconocer errores y realizar ajustes a los modelos económico, político y social propició crisis recurrentes y el deterioro del bienestar social.
Por ello, el gobierno intentó instrumentar una apertura política a cuenta gotas: la incorporación de la izquierda política al Congreso de la Unión buscó evitar el colapso.
No obstante, la economía no responde a estrategias e intereses que solo atienden la lógica política. La crisis de la década de los años ochenta lo demostró y obligó a realizar un cambio más profundo. Al final, la cerrazón gubernamental a una verdadera interacción incluyente terminó por minar la viabilidad electoral de una forma de gobierno emanada de un partido único.
Por otra parte, los últimos 30 años privilegiaron modificaciones al modelo económico, pero se fue omiso a la inclusión social. Se negó el valor de preservar la identidad nacional y de propiciar un intercambio de ideas y proyectos que partieran de reconstruir a las instituciones que se habían corroído por las crisis y la corrupción.
El modelo de apertura económica y de globalización mexicano no tuvo un eco en materia social: existieron administraciones federales que llegaron a negar el avance de la pobreza y la inequidad, renunciando con ello a un verdadero diálogo con la sociedad afectada por la desigualdad propiciada por dicho modelo.
Algo similar ocurrió en el sector productivo, las empresas mexicanas debieron enfrentar la competencia desleal y la ausencia de estrategias de política económica e industrial que generaran condiciones equitativas para competir.
La aceptación de paradigmas de supuesta validez universal, la ausencia de un verdadero diálogo, la inercia de bajo crecimiento, la precarización laboral y el desbordamiento de la corrupción e ineficacia en la administración pública se tradujeron en una inconformidad social que contribuyó a que 30 millones de mexicanos decidieran votar por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, se debe tener claro que es momento de construir las bases de un verdadero diálogo social, uno que implique el reconocimiento y la incorporación de las distintas realidades que prevalecen en el país. El costo de la exclusión ha sido muy alto y permitió la construcción del Estado Corporativo que limitó el desarrollo de México. La Cuarta Transformación deberá considerarlo.
José Luis de la Cruz Gallegos. Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. @jldg71
