“El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales conformadas por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres… todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”.
Marcela Lagarde
Carmen era profesora, tenía 26 años. El 9 de enero desapareció en Chalco, Estado de México. Hace unos días su cuerpo apareció semidesnudo y con signos de tortura.
El uno de febrero Vanessa fue violada y asesinada “presuntamente” por el chofer del transporte público que cambió de ruta para abusar de la joven. Ocurrió también en el Estado de México.
El fin de semana en Jalisco, un hombre que presumiblemente padece esquizofrenia golpeó a una mujer de 68 años hasta matarla.
Es muy probable que este caso no sea considerado como feminicidio, porque no se encontrarán los elementos para tipificarlo como tal. Ni el odio ni la saña. Así como lo lee, así es la negligencia en la justicia, no solo en Jalisco, sino en todo el país.
El nulo conocimiento de los ministerios públicos o la pésima aplicación del protocolo provoca que un homicidio doloso no sea catalogado como feminicidio.
Y le digo esto, porque precisamente en Jalisco en lo que va del año – 37 días- han sido asesinadas 26 mujeres y la fiscalía estatal ha dicho que solo cuatro casos están tipificados como feminicidios, el resto, estarían ligados al crimen organizado.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2018, se cometieron 28 mil 816 homicidios dolosos en México, de los cuales 834 fueron reportados como feminicidios, es decir, el 2.3 por ciento.
Ante este pésimo panorama, es muy buena noticia el anuncio que hizo Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, de presentar, la próxima semana, una nueva estrategia para combatir y prevenir los feminicidios y agresiones contra mujeres y niñas, así como los crímenes de odio.
La incapacidad de gobiernos anteriores hizo necesaria y urgente una nueva estrategia para enfrentar la emergencia en materia de violencia contra las mujeres. Un flagelo que no fue prioridad en las políticas públicas, que se desbordó y es impostergable atajarlo.
En los últimos cuatro años, según trabajos periodísticos, el número de niñas menores de 17 años asesinadas aumentó en un 72 por ciento. Y en la mayoría de los casos primero fueron abusadas sexualmente.
Así como el combate a la corrupción, la impunidad, la guardia nacional y el huachicol, entre otros, son temas de prioridad para el país, también lo debe ser el asesinato de niñas y mujeres.
Aquí mismo mencioné la semana pasada que la Alerta de Género contra la Violencia a las Mujeres instalada en más de 200 municipios del país, ha sido ineficaz. Wendy Briseño, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados pidió revisar el marco legal y la operación de dicha Alerta. ¿Qué falló? ¿Quién no hizo su trabajo?
Y donde se ha declarado la Alerta de Género y han aumentado el número de asesinatos ¿qué se tendrá que hacer?
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registrado hasta noviembre, 760 carpetas de investigación por homicidios cometidos contra mujeres por cuestiones de género. Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, suman el 50 por ciento de los casos.
En memoria de miles de niñas y mujeres desaparecidas, violadas o asesinadas, esperamos con buenos deseos que la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador combata de manera eficaz esta calamidad.
Continuar con la indolencia de las administraciones pasadas y ser testigos de cómo aumentan las cifras de mujeres asesinadas sería lo peor que nos pudiera pasar como nación.
