Que las mujeres con experiencia en la política y en la administración sigan aportando, aun cuando no militen en el partido en el poder, es una muy buena noticia.
Ese es el caso de Arely Gómez, quien fue senadora por el PRI en el sexenio anterior y desde ahí, pasó a la Procuraduría General de la República (PGR) y, posteriormente, a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Con menos de dos meses de haber concluido su tarea como funcionaria peñista, la abogada de 66 años fue nombrada este 23 de enero como contralora del Poder Judicial de la Federación.
La designación, hecha en sesión privada del Consejo de la Judicatura, corrió a cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar.
De tal manera que la exfuncionaria estará a cargo de ejercer el control y la vigilancia del cumplimiento de las normas administrativas y presupuestales al interior del Consejo de la Judicatura y realizará las auditorías, revisiones e inspecciones correspondientes.
Otras funciones a cargo de Arely Gómez serán las de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, así como la de iniciar y substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa.
Destacada por su capacidad de diálogo e interlocución con todas las fuerzas partidistas y sociales, y por una afabilidad –característica escasa en el tablero político–, a ella le tocó afrontar sola el desastroso escenario de la segunda huida de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, ya que el entonces presidente Peña Nieto y sus colaboradores iban camino a París.
La fotografía en la que se observa a la procuradora mirar la boca del túnel del cinematográfico escape quedó para el registro de las horas oscuras del sexenio peñista.
Y sin embargo, hay que decirlo, la trayectoria de Arely Gómez va más allá de esa coyuntura.
Se trata de esas políticas que bajo el logo priista, dieron desde el Congreso la batalla en favor de un entramado para la transparencia, la rendición de cuentas y el freno a la corrupción.
Como senadora, Arely Gómez conoció el fondo y los alcances del debate en esas materias.
Posteriormente, como procuradora y secretaria de la Función Pública afrontó las limitaciones propias de representar a un gobierno que no estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en esas asignaturas.
A pesar de los escasos márgenes de acción que Arely Gómez tuvo para darle salida a los casos de corrupción emblemáticos del pasado sexenio, en la SFP se integraron los expedientes que la actual administración sabrá reabrir en serio, archivar o usar mediáticamente.
Con estos antecedentes, la incorporación de una mujer con ese perfil profesional, político y administrativo al Poder Judicial permite calibrar los alcances que su nuevo presidente busca imprimirle a su gestión.
Al sumar a las tareas de contraloría a Arely Gómez, el ministro Zaldívar envía la señal de que aboga por una pluralidad necesaria en la vida pública, en un momento en el que otros tendrían la tentación de condenar al ejército de reserva a los funcionarios de los sexenios del PRI y del PAN.
Es cierto que el Presidente López Obrador ha incluido en su gobierno a panistas y priistas que se asimilaron al proyecto electoral de la Cuarta Transformación.
Pero hasta ahora, en el plano de la administración federal, no hubo incorporaciones de funcionarios ajenos a la militancia del partido en el poder, Morena.
Por eso llama la atención que desde la autonomía de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, el ministro Zaldívar haya optado por confirmar la relevancia que los profesionales al servicio del Estado tienen con el nombramiento de Arely Gómez.
Seguiremos con atención las aportaciones que la exprocuradora y extitular de la SFP realice en su nuevo encargo.
