El agro y los trabajadores agrícolas, en su mayoría indígenas, en el imaginario colectivo han sido revestidos de un aura idílica. Es un entorno magnificado por el cine de oro del Siglo XX, en fotografías, postales, incluso calendarios.
Pero la realidad, esa canalla involuntaria que sin anestesia enciende los sensores de alerta, está allí presente para recordarnos verdades incómodas. La mayoría de funcionarios salientes literal, han bajado la cortina, no defienden lo hecho en el cargo, evitan hablar de pendientes.
Por eso mismo llama la atención que Fernando Cruz Morales, Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de SAGARPA, le entre al tema y con un lenguaje inusual en la función pública. Reconoce que en México el uno por ciento más rico acumula 80 por ciento de la riqueza y el 99 por ciento restante tiene apenas el 20 por ciento. La desigualdad es altísima y el sector agroalimentario es el más afectado, nos dice y explica que este ramo productivo se divide entre grandes agroproductores, medianos, pequeños poseedores de la tierra y trabajadores agrícolas sin tierra o pequeñas parcelas.
Explica que subsanar la inequitativa distribución de la riqueza hace obligada la aplicación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos para un aproximado de ocho millones de trabajadores agrícolas, dos millones en situación de pobreza alimentaria. Entre estos casi ocho millones se encuentran de acuerdo con el INEGI, unos 850 mil niños y niñas. Incluso, podría tratarse de millón 500 mil personas de entre 5 y 17 años de edad, según cifras de organizaciones de sociedad civil.
Cruz Morales le da la bienvenida a la creación de la Secretaría del Bienestar, a la iniciativa para incrementar el salario mínimo que sin duda beneficiaría a los trabajadores agrícolas. Los ingresos de los jornaleros son muy bajos. Más de la mitad, 56.6 por ciento, percibe entre uno y dos salarios mínimos al mes, y 26 por ciento recibe menos de un salario mínimo. En promedio, los jornaleros obtienen por un trabajo sumamente desgastante 2,992 pesos mensuales, de acuerdo con investigaciones del Colegio de México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos el presente año alertó sobre la alta vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas, en particular niñas, niños, adolescentes y mujeres. Todos susceptibles de ser víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajos o servicios forzosos.
El “Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detención de posibles víctimas en campos agrícolas”, señala que los trabajadores del sector en muchos casos son engañados por “enganchadores”, quienes les trasladan en condiciones peligrosas; y ya en el empleo reciben alimentos insuficientes y de mala calidad; las zonas de pernocta son indignas, en hacinamiento e insalubres; “contratistas o patrones” aprovechan todo tipo de argucias para incumplir los acuerdos de pago u otorgar salarios por debajo de lo pactado.
Y como Fernando Cruz Morales tiene disposición, pues yo aprovecho para cuestionar qué hicieron los que se van al respecto. Señala que faltó tiempo; recientemente se implementó el Distintivo Empresa Agrícola Responsable (DEAR), que certifica a empresas agroproductoras que comprueban ofrecer estándares de bienestar laboral, como salarios adecuados, no contratar trabajadores infantiles y adolescentes y espacios de calidad para la pernocta y vida; además de promover en el mercado nacional e internacional el precio justo a favor de los pequeños productores. Este 2018 se habrán certificado 80 empresas. La estimación es certificar a 870 productores y a más de cinco mil jornaleros.
Entrados en gastos –diríase coloquialmente-, nos dice que instrumentos como DEAR no debiesen eliminarse en la administración de Andrés Manuel López Obrador, sino perfeccionarse operativa y administrativamente. Y poner énfasis especial a políticas públicas con enfoque en derechos humanos.
Resume: la mayoría de los 8 millones de trabajadores agrícolas se encuentran en pobreza patrimonial. ¿Cuántos en pobreza alimentaria? “Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. Y el tema es que quienes alimentan a este país y producen insumos tan bien recibidos en el mercado nacional e internacional, no deben tener hambre”, nos dice este joven funcionario para el que el servicio público no debe tener colores partidistas sino compromisos con rostro humano que contribuyan a la equitativa distribución de la riqueza generada, a la retribución a precios justos y a la reconstrucción del tejido social.
