Ciudad de México. En el marco del aniversario de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo en la capital, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México consideró que este es uno de los mayores triunfos para los derechos de las mujeres capitalinas.
Este martes se cumplen 11 años de este hecho histórico, en que la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y la Ley de Salud locales, para despenalizar el aborto.
“El cambio normativo representa, sin duda, un triunfo en la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de su derecho a una maternidad libre, informada y responsable”, resaltó la dependencia mediante un comunicado.
El organismo recordó además que esa medida legislativa fue acompañada por la creación de una política pública que garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre la Interrupción Legal del Embarazo hasta la semana 12 de gestación.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México provee los servicios médicos necesarios para tal propósito en 13 unidades, entre las que se incluyen cuatro hospitales generales, cuatro hospitales maternos infantiles y cuatro centros de salud especializados en servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con cifras del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de abril de 2007 al 1 de abril de 2018 se han realizado 194 mil 153 intervenciones en la materia.
La CDHDF calificó a este como un proceso libertario, secular y democrático, que permitió admitir la interrupción legal del embarazo como un derecho, y gracias a ello, en la Constitución Política de la Ciudad de México se reconocen explícitamente los derechos a la autonomía y autodeterminación personal, así como los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas.
Sin embargo, la propia Comisión advirtió que a más de 10 años de la citada reforma, aún hay distancia entre los marcos legales y la realidad que viven las mujeres de la ciudad, por lo que exhortó a revisar temas como el plazo de 12 semanas que se permiten para el procedimiento.
También conminó a que el diseño institucional del acceso a los servicios otorgue pleno reconocimiento de las adolescentes como sujetas de derechos, evitando que la ausencia de un representante legal o familiar las excluya de poder acceder al servicio, e indicó que es necesario asegurar la aplicación de todas las causales legales vigentes para interrumpir un embarazo, como permitir su interrupción cuando sea producto de una violación, entre otros.
