El 14 de febrero pasado, en una escuela preparatoria de un pacífico pueblo de Florida, fue perpetrada una masacre. El autor fue un joven de 19 años, resentido con la escuela y con una chica a la que no pudo conquistar. Este asesinato de 17 personas volvió a colocar en el centro de la agenda pública estadounidense el tema de las armas de fuego. Comenzó una avalancha de críticas en contra de quienes se han opuesto a promover y aprobar una legislación que regule su venta. El argumento es simple: los republicanos, empezando por Donald Trump, rechazan las normas en torno a la venta armas, sin importar su calibre y eficacia asesina, simple y sencillamente porque reciben fondos de la Asociación Nacional de Rifle.
Ted Cruz, senador de Florida, recibió de la ANR más de tres millones de dólares para su última campaña de reelección y Trump mismo, más de cincuenta millones para la presidencial. Estos generosos contribuyentes sólo piden a cambio que se les permita seguir vendiendo rifles de alto calibre como si se tratara de caramelos.
La corrupción que esto implica ha sido muy comentada. Aquí quiero referirme a otra corrupción, que también contribuye a que las masacres sean frecuentes: la de los prejuicios que conllevan a desperdiciar cuantiosos recursos en políticas equivocadas.
Después de la masacre de la Vegas, perpetrada en octubre de 2017, en donde murieron 57 personas y más de 500 resultaron heridas, el Presidente habló de endurecer las medidas migratorias. En realidad, la matanza nada tuvo qué ver con la inmigración. El autor de este monstruoso acto no se ajustaba a los estereotipos de los xenófobos: no era latino, ni musulmán, ni africano… era un norteamericano, blanco.
En Nueva York hay miles de Oficiales de Seguridad al interior de las escuelas. Están a cargo de la policía local, sin embargo, los paga el Departamento de Educación, por “necesidades de seguridad”. Cuestan 400 millones de dólares al año. Grupos conformados por profesores, estudiantes y padres de familia han denunciado los abusos de estos agentes.
La exageración y la falta de buen criterio es la tónica. Los casos van desde pleitos comunes entre estudiantes que son llevados a la corte hasta situación ridícula en la que un joven fue criminalizado por llevar unos lentes rotos, los cuales, según los policías, “podían ser usados como un arma”. Vale la pena citar la narración de Kesi Foster, del Colectivo de Jóvenes Urbanos: “si entras a la escuela -le dijo el agente- te confiscaré los anteojos. Déjalos aquí afuera”. Respondió el estudiante: “No puedo estar el día entero de clases sin mis lentes”. Entró y enfrente de todos sus compañeros fue tacleado por el guardia. Después llegó la policía a “auxiliar” y el joven fue interrogado por más de una hora.
“Sin duda -afirma Kesi- la directora habría lidiado mejor con el asunto, pues sabía que se trataba de un joven y una situación que no ponía en peligro a nadie”.
En algunas secundarias de Nueva York existe un temido “cuarto de seguridad”, al que son llevados los “jóvenes infractores”. Ahí, dos agentes interrogan a los menores de edad, sin ningún otro adulto presente, sin abogado que medie entre el acusado y los acusadores.
No son pocos los directores de las escuelas neoyorkinas que se han quejado de no tener ningún control sobre estos policías.
El problema no se presenta solamente en Nueva York. En 2015, en Kentucky, un ayudante del sheriff esposó a dos niños discapacitados que asistían a la primaria. Los niños de ocho y nueve años eran tan pequeños que el ayudante del sheriff, que trabajaba como oficial de recursos escolares, les esposó los bíceps, porque las esposas no encajaban en sus muñecas. Uno de los niños era negro y el otro latino.
Un último ejemplo. En Austin, Texas, Noe Niño de Rivera fue atacado, en su escuela, con un arma de electrochoque, un Taser. La brutalidad policíaca implicó que el estudiante, de 17 años, pasara 52 días en un coma inducido.
Aunque hay una larga tradición de intervenciones brutales de la policía en las escuelas de Estados Unidos, sobre todo para reprimir a las “minorías peligrosas”, la reportera Jaeah Lee, afirma que el número de este tipo sucesos crecieron exponencialemente después de 1999, tras la masacre de la secundaria Columbine, en Colorado. Desde entonces, el Departamente de Estado ha gastado más de mil millones de dólares en “policías de escuela”. Las autoridades locales también han gastado enormes cantidades para este propósito.
Según el profesor Phil Stinson, criminólogo de la Universidad estatal de Bowling Green, la “criminalización de miles de estudiantes” provoca incrementos graves en el índice de deserción. Además del gasto excesivo que ha producido el programa de “seguridad” en las escuelas también tiene un efecto contraproductivo en materia de la seguridad misma. Para las pandillas, un desertor, estigmatizado como criminal, es un candidato a ser reclutado.
El resultado de estas políticas de seguridad ha sido: 200 tiroteos en escuelas de 2012 a febrero de 2018 y más de 600 muertos.
La policía está gastando millones de dólares en programas inútiles para evitar las masacres escolares, aunque útiles para demostrar a los votantes que “algo se está haciendo” y, sin duda, para satisfacer el morbo de millones de racistas que, cada vez que ven una escena de violencia policíaca contra un latino o un negro, creen ver delincuentes que se merecen el maltrato.
¿No podría ese dinero invertirse en trabajadores sociales y psicólogos, capacitados para indentificar casos de niños y adolecentes que sufren crisis que los vuelven realmente peligrosos? ¿No es mejor, sobre todo en un ambiente escolar, un programa de prevención de la violencia que usar la violencia para someter a los hipotéticos violentos? Y digo hipotéticos, porque dadas las estadísticas, parece que la policía dirige sus ataques e investigaciones a los jóvenes equivocados.
Jorge Federico Márquez Muñoz. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Doctor en Ciencia Política, ganador del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Docencia en Ciencias Sociales. (2012) y es autor, entre otros, de los libros: Envidia y Política en la Antigua Grecia, Más allá del Homo Oeconomicus y las Claves de la Gobernabilidad.
