El 8 de junio de 2011, Verónica salió de su casa en la colonia Obrera de la Ciudad de México para ir por sus dos hijos a la escuela; sin embargo, fue interceptada por un grupo de hombres armados vestidos de civil que la obligaron a subir a un vehículo.
Durante 24 horas fue víctima de golpes, asfixia y descargas eléctricas; incluso, fue abusada sexualmente. Resistió hasta que ya no pudo más y firmó una confesión en la que aceptaba ser parte de una banda delictiva dedicada al secuestro.
A pesar de las graves irregularidades en el proceso, de que las presuntas víctimas nunca la señalaron como responsable -es más, ni siquiera presentaron una denuncia-, y de que la PGR no entregó pruebas en su contra, Verónica Razo fue encarcelada. Desde hace seis años se encuentra privada de su libertad.
Su caso ha trascendido fronteras. El pasado jueves 30 de noviembre, una delegación de Amnistía Internacional (AI) entregó 135 mil 963 firmas a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la liberación de Verónica quien, según la organización, fue detenida arbitrariamente y torturada.
Esas firmas fueron recabadas en Italia, Alemania, Francia, España, Noruega, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur y México. Se entregaron a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) para denunciar las violaciones a los derechos humanos y fallas al debido proceso.
A decir de la organización internacional, se trata de una acusación “inverosímil, ridícula y absurda”. Incluso, la propia PGR ha admitido que inició una investigación contra los presuntos responsables de la tortura.
De acuerdo con dictámenes practicados a Verónica a las semanas siguientes de su detención, presentaba hematomas en las costillas, pecho, espalda y ambas caderas; moretones a los costados de las costillas, y dos marcas rojas en el costado izquierdo debajo de la axila, producto del maltrato y tortura por parte de las autoridades.
Dos años después, en junio de 2013, un psicólogo forense de la dependencia confirmó que Verónica presentó síntomas compatibles con la tortura. No obstante, no hay ningún agente en prisión como responsable de estos hechos.
Con la entrega de las miles de firmas a nivel mundial, lo que se pretende es exigir el retiro de los cargos; la liberación inmediata de la mujer y la reparación del daño, ya que ha sido separada de sus hijos durante los años de prisión.
Amnistía Internacional apuntó que la PGR tiene la oportunidad histórica de corregir este error. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estudió el caso y confirmó la tortura y la detención arbitraria.
Por desgracia, no se trata de un caso aislado. La organización documentó en el informe Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México que la tortura y la violencia sexual son “el método preferido de las fuerzas de seguridad cuando arrestan a mujeres”.
El estudio señala que de 100 mujeres entrevistadas, 72 dijeron que fueron sometidas a violencia sexual y tortura durante su arresto; 97 dijeron que vivieron malos tratos, y la totalidad denunció que fue tratada de una manera humillante por parte de las autoridades.
¿Qué ha hecho el gobierno de México ante estas denuncias a nivel internacional? “Tomar nota”: esa ha sido la respuesta, sin emprender ninguna acción efectiva para frenar las agresiones.
Algo más grave aún: a pesar de la existencia de una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ninguna persona ha sido detenida por este delito en lo que va del año. Y conste que existen hasta 12 mil quejas por este delito.
“Lo que menos me gusta de mi vida es que mi mamá esté tan lejos. Me gustaría mucha veces llegar, encontrarla y poderle decir muchas cosas que parecen muy simples pero que para mí son importantes. Pido que realmente se haga justicia, no solamente con mi madre sino con todas las mujeres que están sufriendo o sufrieron tortura sexual”, señala el hijo de Verónica, hoy de 19 años, en un video subido a YouTube para exigir su liberación.
Mientras la familia y organización como AI continúan su lucha para que sea puesta en libertad bajo el hashtag #VerónicaLibre, ella no se rinde y es parte de la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, que tiene como objetivo visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres que son detenidas por elementos policiales.
Gracias a ese movimiento, otras mujeres como Miriam Isaura López Vargas y Claudia Medina Tamez, víctimas de tortura sexual, obtuvieron su libertad por medio de un incidente por desvanecimiento de datos. Ojalá sea el caso de Verónica. Y ojalá su lucha sirva para evitar que estos casos sigan siendo una constante.
