Redacción / El día de hoy, 11 mujeres que denunciaron haber sido violadas sexualmente, torturadas y agredidas por agentes estatales y federales en los disturbios suscitados en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco en el 2006, dieron su testimonio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Aunque son once las mujeres que estuvieron en audiencia, sólo cinco de ellas dieron testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, ante la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito.
“Me manosearon y metieron sus manos en mi blusa”, declaró Norma Jiménez en la audiencia.
En una de las primeras declaraciones, Enrique Peña Nieto, en ese momento gobernador del Estado de México, aseguró que las denuncias por violación y tortura eran falsas; sin embargo, la Corte IDH ha determinado tras investigaciones y exámenes psicológicos que las declaraciones de las víctimas fueron verdaderas. La única vía para que un crimen cometido por el Estado fuera juzgado con objetividad era acudir a una instancia internacional.
“Estamos diciendo la verdad”, resaltó Norma Aidé, por lo que pidió que se hiciera justicia para que “estos hechos no vuelvan a ser repetidos”.
Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramill, fueron las once mujeres que hicieron visible un problema grave y sistemático.
La Corte IDH analizó su caso y determinó en septiembre de 2016 que:
Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto.
Por lo que el caso continúa abierto y será atendido en la instancia internacional. El resultado de ese proceso podría ser una reprimenda contra el Estado mexicano, en forma de recomendaciones a cumplir, dentro de los protocolos de detención y traslado de personas; así como una tipificación más severa de la violencia sexual y los modos de atenderla.
Por lo anterior, el Estado mexicano está acusado de “alegadas violaciones” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
ANTECEDENTE
El 3 de mayo de 2006, un operativo de policías municipales para reubicar a un grupo de vendedores de flores, terminó en enfrentamiento entre ellos e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de La Otra Campaña, vecinos de Texcoco y Atenco.
La madrugada del 4 de mayo, alrededor de mil 800 elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) llegaron a San Salvador Atenco.
Hubo 217 detenidos, entre ellos, al menos 31 mujeres, que tras los operativos policiales denunciaron ante las autoridades mexicanas las agresiones que sufrieron al momento de ser detenidas, así como en su traslado y llegada al penal de Santiaguito.
El día de mañana será la segunda y última audiencia para dictaminar una sentencia la Corte IDH.
