Ser diputado local es una fortuna que no todos pueden lograr. Pero serlo en la Ciudad de México, Michoacán, Coahuila o Sonora, lo es aún más.
El derroche del que ya hemos hablado aquí en esta columna sobre los legisladores federales, no está muy lejano al despilfarro que hacen los mil 124 diputados locales que hay en el país.
Las peticiones de transparencia y rendición de cuentas de los congresos locales y federal, siguen en el olvido. Nadie los atiende, ellos (diputados) los ignoran. No hay manera de escrutarlos, no son monitoreados, nadie los audita.
Pero hay más datos negativos que tampoco les importa. El 83% de los mexicanos no se siente representado por su congreso. Ese porcentaje de la sociedad percibe a los legisladores como corruptos o extremadamente corruptos. Son los funcionarios que menos confianza generan.
La austeridad no les importa, al contrario, gastan sin mesura.
No hay transparencia en el manejo de los recursos que se les asignan. Se amplían de manera escandalosa los recursos. Se otorgan bonos y prestaciones que no tienen la obligación de comprobar ni documentar en qué lo gastaron.
Ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer su “Informe Legislativo 2017”. Los datos y cifras indignan, muchos recursos públicos a cambio de una deficiente labor parlamentaria.
Este año, los mil 124 diputados locales tendrán un presupuesto de 13 mil 551.3 millones de pesos. Un incremento del 11% en los últimos cinco años. De manera particular, Sonora tuvo un aumento de 69.4%, Coahuila 61.1 y Michoacán 53.1.
De las 32 entidades, 19 congresos gastaron mil millones de pesos más de los presupuestado en 2016. ¿Pues no que estábamos en austeridad?
Pero si eso le provoca desconfianza, espérese. Las diferencias entre los presupuestos de cada congreso resultan hasta inmorales.
En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hay un presupuesto anual para cada uno de los 66 diputados de 28.8 millones de pesos. Sí, leyó usted bien, para cada uno.
En el caso de los 40 legisladores de Michoacán, es de 22 millones 434 mil pesos para cada uno.
En Sonora, 20 millones para cada uno de los 30 diputados.
En contraste, en Puebla, el presupuesto para cada uno de los 41 diputados es de 3 millones 538 mil pesos.
Una diferencia exorbitante para el mismo trabajo.
Si a cada diputado de los 31 congresos locales y la Asamblea Legislativa tuvieran el presupuesto de los poblanos, habría un ahorro de 9 mil 574 millones de pesos.
Según el informe, en Chihuahua cada uno de los 33 diputados tienen un salario bruto mensual de 229 mil pesos 549 mil pesos. En Guanajuato es de 117 mil 436 pesos. En Zacatecas de 95 mil pesos. Lamentablemente, 16 congresos y la Asamblea Legislativa NO tienen disponible el dato mensual por diputado.
Y aunque son demasiadas cifras, es importante conocerlas, para exigir nuevamente cuentas claras de los recursos públicos.
Ya basta de sus “ayudas sociales”, que son recursos que se manejan de manera discrecional para financiar proyectos de interés social. Atraer votos y recaudar “moches”. También urge ponerles tope a sus aguinaldos que van desde 50 a 90 días.
Si no les exigimos cuentas, menos les exigiremos productividad. Imagínese en Tlaxcala, donde un legislador gana 100 mil pesos, en 2016 solo presentaron cuatro iniciativas. En Baja California y Quintana Roo, siete iniciativas.
A nivel mundial, el 70% de los parlamentos nacionales tiene en promedio 18 comisiones ordinarias. Chiapas tiene 42 comisiones, Oaxaca y Veracruz 40. El promedio es de 29. Y a pesar que la mayoría de las comisiones se reunieron una o dos veces en 2016, los presupuestos extras para cada comisión no son nada despreciables.
El informe del IMCO confirma la necesidad de terminar con esa discrecionalidad con la que los diputados manejan recursos públicos, obligarlos a rendir cuentas, comprobar en qué gastan cada peso que reciben; legislar para beneficio de la ciudadanía y no para beneficio propio, porque cobran mucho y trabajan poco.
