Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad de Tamaulipas, pecó de sinceridad e ingenuidad.
El miércoles 7 de junio, por la mañana, ya había ofrecido varias entrevistas sobre los hechos de violencia en el penal de Ciudad Victoria de la noche anterior que, para ese momento, reportaba un saldo de cuatro muertos: tres policías y un custodio. Sin embargo, en ese instante se registraba un nuevo tiroteo.
En una de esas entrevistas, una periodista preguntó: “En este momento de la mañana, ¿quién tiene el control del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas?”.
La respuesta del funcionario me dejó helada: “No quisiera aventurar porque están en el interior del penal (se refería a los policías). No podría tener esa información, sería muy inapropiado hacer una hipótesis, una especulación”.
Incrédula, la conductora insistió: “La pregunta de quién tiene el control va en los dos sentidos: desde antes del operativo y en este momento de la mañana”. Rodríguez Juárez, contestó: “De verdad sería manejar una hipótesis, yo no me atrevería a hacer una hipótesis en ese sentido. Hay una acción policiaca y tendríamos que esperar el curso de la investigación para ir informando”.
“¿No podría decir que son los cuerpos policiacos quienes tienen en este momento el control del penal?, reiteró.
“No, sería muy inapropiado de mi parte hacer una especulación, una hipótesis”.
Es público que en la mayor parte de las cárceles del país hay autogobiernos, que no es la autoridad quien manda en ellas, sino los criminales que, incluso, siguen operando desde el interior. Sin embargo, lo sorprendente es que un funcionario lo acepte abiertamente.
Y más sorprendente e indignante resulta la historia que está detrás de este penal, como un reflejo de nuestro podrido sistema penitenciario. El enfrentamiento del martes por la noche fue producto de un frustrado operativo en el Centro de Operación de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria.
Lo que se pretendía, de acuerdo con la propia narración del vocero de seguridad tamaulipeco, era recuperar el control y el orden de esa cárcel ante la “sospecha” de que los reos tenían “objetos ilegales”.
Resulta que esos “objetos ilegales” eran armas de grueso calibre. Y que la “resistencia” fue, en realidad, un tiroteo que duró más de seis horas.
Los disturbios en ese Cedes son frecuentes. El 23 de marzo, 29 reos se fugaron por un túnel de cinco metros de profundidad y 40 metros de largo. Al día siguiente, un grupo se atrincheró y quemó sábanas luego de que se destruyeron “construcciones irregulares” adentro del penal. En el enfrentamiento, tres prisioneros murieron.
El 18 de abril hubo otra riña que dejó un reo muerto y cuatro heridos, entre ellos un policía estatal. Se decomisaron dos armas AK-47 con 90 cartuchos y cuatro armas cortas, así como diversas dosis de droga que iban desde marihuana, cocaína y cristal.
El alcalde Óscar Almaraz pidió la reubicación del penal. Mientras que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció que, con más de 40 años de servicio, las instalaciones eran disfuncionales y habían sido rebasadas por la mancha urbana por lo que ahora se encontraba en plena ciudad.
ESCUELAS DEL CRIMEN… ¡REPROBADAS!
Casualmente, un día después del más reciente caso de violencia en el penal de Ciudad Victoria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 http://bit.ly/2r6rLND.
El organismo que preside Luis Raúl González Pérez destaca las deficiencias que presentan, de manera especial, las cárceles municipales que en promedio obtuvieron una calificación de 3.90. Los penales de Nayarit son los peor evaluados con una calificación de 1.40; Hidalgo, 2.78; Jalisco, 3.57; Tabasco, 3.94; Chiapas, 4.12; Puebla, 5.24 y Quintana Roo, 5.69.
Y sobre aviso no hay engaño. Si los constantes disturbios en el Cedes de Victoria alertaban sobre futuros hechos de violencia, la CNDH advirtió que lo mismo puede ocurrir en la Cárcel Distrital de Zimapán en Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán en Jalisco; la Cárcel Distrital de Zacoaltipan en Hidalgo y las cárceles municipales de Acaponeta, Rosa Morada y San Blas en Nayarit. De hecho, el organismo señaló que estas tres últimas tiene una calificación inferior a un punto.
¿A qué se deben tan bajos promedios? Son varios los factores pero entre los más importantes se encuentran la falta de separación entre procesados y sentenciados; carencia de áreas médicas, medicamentos y profesionales de la medicina; inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de esos centros, así como de acciones preventivas para atender incidentes violentos.
Además, la CNDH comprobó lo que es bien sabido: “la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos en centros estatales, así como la falta de condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, cocina y comedores; la falta de personal de seguridad y custodia.
En un diagnóstico previo, el organismo determinó que el autogobierno en las cárceles se debía al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica.
A raíz de esos hechos, la CNDH emitió la observación 30/2017 http://bit.ly/2qhpWvp en la que señala como “inaceptable” que haya centros de reclusión “donde algunas personas privadas de la libertad realizan funciones de autoridad relacionadas con la administración, servicios y operación (…) de un centro penitenciario, mediante la imposición de métodos informales de control, permitiendo el goce de privilegios y tratos especiales”.
Diagnósticos, como podemos ver, hay muchos. Lo que no podemos permitir como sociedad es que la autoridad siga pecando de sinceridad y/o de ingenuidad, y acepte lo que todos saben: que quienes gobiernan las cárceles son los delincuentes; que desde ahí continúan sus actividades ilícitas; que cuando se les intentan cortar privilegios, su reacción es violenta, reciben a balazos a los policías e incendian objetos.
Es un hecho que el propósito de la readaptación social no se cumple y que los penales se han convertido en cárceles del crimen que, según la CNDH, ahora están hasta reprobadas.
Hannia Novell. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, realizó estudios en Periodismo, Literatura y Seguridad Nacional en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Centro de Comunicación, Radio Educación y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Especialidad en corresponsalía de guerra en La Universidad de Jerusalem (Israel) y una especialidad en comunicación política en George Washington University. Titular del noticiario estelar de Proyecto 40 en su edición nocturna.
