Durante los dos sexenios del PAN, entre los años 2000 y 2012, Josefina Vázquez Mota fue diputada, secretaria de Desarrollo Social, coordinadora política de la campaña presidencial de Felipe Calderón, titular de la SEP, jefa de bancada en Cámara de Diputados y candidata presidencial.
La derrota de hace cinco años, cuando el partido entonces en el poder se fue a tercer lugar, la alejó de los reflectores partidistas.
Si bien se mantenía como una de las figuras de Acción Nacional, tomó distancia de su quehacer cotidiano y sólo de vez en vez se presentaba en eventos relevantes.
Públicamente siempre dejó de manifiesto que su prioridad era la agenda de apoyo a los migrantes y su Fundación Juntos Podemos.
Con esos antecedentes, durante los intentos por construir una alianza electoral para la gubernatura del estado de México entre PAN y PRD, la dirigencia de Ricardo Anaya mostró como su carta más competitiva a la ex secretaria de Estado.
Vino sin embargo la revelación de que Vázquez Mota había recibido del gobierno de Enrique Peña transferencias por 900 millones de pesos para programas a favor de los derechos de migrantes en Estados Unidos. Ella aseguró que esos recursos se habían canalizado de manera directa a la fundación y de ésta a las organizaciones civiles. Y así lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación.
En ese contexto, frustrada la alianza con el PRD, la dirigencia panista confió en las encuestas que apuntaban que frente al auge de Delfina Gómez, candidata de Morena, la única opción competitiva era la ex secretaria de Educación.
Sin embargo, a 10 días de la votación, las tendencias no parecen favorecer a la panista, en un escenario con una oposición pulverizada entre Morena, PAN, PRD, PT y hasta una candidata independiente.
Peor todavía: además de ser el terreno del presidente Enrique Peña, el Estado de México es la entidad donde el PRI siempre ha demostrado contar con una maquinaria electoral potente.
En ese contexto, Vázquez Mota estaría rezagada en un tercero y hasta un cuarto lugar, según las escasas y contradictorias encuestas publicadas.
Y aun cuando esta competencia se caracteriza por el uso propagandístico de esas mediciones y el silencio de las casas encuestadoras en la recta final, lo cierto es que la campaña de la panista no logró prender.
En contraste, Delfina Gómez y Juan Zepeda, abanderados de Morena y el PRD, habrían conseguido generar la percepción de estar en la pelea.
A reserva de analizar después del 4 de junio los resultados, podemos desde ya aventurar algunas explicaciones sobre el rezago de Josefina.
Una primera gran lección es que el reconocimiento de los personajes políticos en las encuestas no es sinónimo de éxito electoral.
Consecuentemente, la trayectoria pública de una ex funcionaria bien calificada no puede sustituir el peso del arraigo territorial, un déficit de la panista, en tanto su biografía mexiquense se reduce al establecimiento de su domicilio.
En cambio, las biografías del resto de los aspirantes incluye el haber ejercido como alcaldes, entre otras responsabilidades políticas en la entidad.
De manera que una segunda moraleja permite subrayar que la valoración social del género –cuando hay una historia de esfuerzo y éxito– resulta insuficiente frente a la relevancia que en la disputa por la representación política tiene el factor local.
Un tercer elemento digno de evaluación es el capítulo de Juntos Podemos y los 900 millones. Porque más allá de las demostraciones de que el dinero se canalizó directamente a las organizaciones de migrantes, el PAN desestimó el costo que tendría el señalamiento de que la ex candidata presidencial “hizo arreglos” con el gobierno de Peña Nieto.
Fue un error político de Josefina recibir tales recursos sin prever que ese acto sería percibido como evidencia de cercanía con la administración federal, minando así su imagen opositora.
Si hoy lo que está en juego es demostrar quién puede sacar al PRI del estado de México, ese antecedente habría jugado en contra de la que fuera la principal representante femenina de la alternancia panista.
