«COLUMNISTA INVITADO»: ¿Fuerza contra derechos fundamentales?

Es indiscutible que el Estado debe respetar, garantizar y proteger los derechos humanos; sin embargo, el discurso cursi de la protección a los derechos fundamentales se convierte en el reducto para actividades delictivas y de impunidad. 

De este discurso en el país, podrían derivar casos de hipergarantismo en el que la norma y la impartición de justicia derivada de su aplicación, darían mayor protección al imputado que a las víctimas. Sobre eso habría que analizar la estadística de casos concretos… pero de lo que sí podemos hablar es sobre las quejas que diversas ONG como Alto al Secuestro y el Observatorio Nacional Ciudadano sobre esta condición en el sistema de justicia mexicano.

Otro de los riesgos sobre este discurso alcanza a las instituciones. Me explico: el Ejército es una de las que más presiones ha recibido por esa narrativa. 

La sociedad civil observó con rigor y desprecio a las fuerzas armadas por su actuación y responsabilidad por persecuciones, desapariciones forzadas y asesinatos durante la Guerra Sucia. Sin embargo, el brutal desempeño generó una idea colectiva de miedo y/o respeto.

Conforme fue permeando la retórica de protección de derechos, los agentes de la SEDENA y SEMAR fueron recibiendo mayores críticas, tanto por su actuación en el pasado, como por los constantes abusos contra la población civil.

En paralelo, las actividades del narco y de la delincuencia organizada crecieron y se hicieron más notorias.

Ambas condiciones crecieron de la mano desde la década de los 90 hasta nuestros días, más bruscamente en el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que se descaró la presencia militar en actividades de seguridad pública que le corresponde, según la Constitución, a las policías.

Luego de la resolución del Caso Radilla, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y con  la que se acotó el fuero militar; así como por la reforma constitucional de Derechos Humanos de 2011, las fuerzas armadas han sido los sospechosos constantes de violaciones de derechos fundamentales.

Si la reforma implicó un reto sustancial para el Sistema de Justicia, el Ejército y la Marina, el significado sigue brumoso.

Los discursos de los Generales Secretarios y de los Almirantes Secretarios de las dos administraciones federales más recientes, es de necesidad de capacitación y no más.

En fechas recientes, Salvador Cienfuegos Zepeda reconoció el desgaste del personal bajo su mando al desempeñar las tareas de la policía. Y le reviraron con la propuesta de la Ley de Seguridad Interior.

Los retenes falsos, el vínculo con los narcotraficantes, asesinatos impunes, emboscadas y fuegos cruzados no mermaron mucho en ese respeto y/o miedo. 

Según encuestas de Parametría, Mitofsky y  la ENVIPE Inegi, de 2013 a 2016 los mexicanos mantienen altos niveles de confianza en los militares.

Todo lo anterior abona a la paradoja del discurso protector. Si son tan vilipendiados y acusados de violadores de derechos humanos, ¿por qué se les sigue teniendo tanta confianza? ¿Cómo van a tener que actuar para no perder esa confianza de cara a los ataques, como el más reciente registrado durante el enfrentamiento con los delincuentes que extraen combustible de forma ilegal?

Una última pregunta es: ¿será disyuntiva la de la Seguridad Nacional frente a la protección de derechos fundamentales o cómo nos va a ayudar el discurso cursi?

Mario López cuenta con 42 años en el ejercicio periodístico en Televisa y el periódico Ovaciones. Realizó las principales coberturas de los procesos judiciales: caso Colosio, caso Ruiz Massieu, caso Paco Stanley y diversos juicios instruidos en contra de capos vinculados con delincuencia organizada y narcotráfico.