“Feminicidio en México” suma el conocimiento experto de Patricia Olamendi como pionera de la agenda de género en las Conferencias Internacionales, activista en Naciones Unidas. Así la recuerdo. Pero igualmente abogada, consultora y funcionaria en las instancias que abrieron brecha en la visibilización del problema. Además como interlocutora de las organizaciones de la sociedad civil en su carácter de subsecretaria de la cancillería. Sin dejar nunca de ser la defensora de las víctimas. Y siempre una incansable promotora del enfoque de género en el terreno de la impartición de justicia.
De manera que el libro nos ofrece un recorrido sobre la construcción de los instrumentos multilaterales que fueron nombrando y señalando la violencia hacia las mujeres, así como una síntesis formidable de cómo se acuñó el término feminicidio y la traducción heterogénea, y muchas veces incompleta, en el terreno penal.
Se trata de un concepto surgido en el Primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, en Bélgica, hace 40 años, y que podría sintetizarse como “el asesinato de mujeres por ser mujeres”. Ya en México, nos recuerda Paty, Marcela Lagarde habló de la responsabilidad del Estado por la cantidad de casos impunes.
Además de recorrer y comparar las legislaciones en América Latina, el texto contiene un manual, que es en sí una plataforma para la investigación de los casos que lamentablemente siguen siendo cotidianos en México; una investigación que además recoge las paradigmáticas e imprescindibles recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los homicidios de mujeres cometidos en el llamado Campo Algodonero en Ciudad Juárez.
Hablo desde mi condición de periodista y feminista. Y como lectora interesada desde hace más de dos décadas en el tema, me impactó el desconocimiento que tenemos en el ámbito de los medios en torno a la relevancia de esa historia que se refiere al feminicidio de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González.
El desmenuzamiento que la autora nos comparte de ese caso, de la impunidad que reveló y de las lecciones que deja para el futuro, es una de las principales aportaciones de este texto, imprescindible hoy ante la urgencia de que la alarma frente a la violencia hacia las mujeres se aprenda con una pedagogía sobre las estructuras culturales, sociales y de poder que impiden que las leyes se traduzcan en justicia.
El libro también es un catálogo de los instrumentos internacionales a los que se ha recurrido y se debe seguir acudiendo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Pero sobre todo es, de verdad, el mejor alegato de por qué las muertes recurrentes de niñas y jóvenes violadas no es un asunto de la nota roja que pueda explicarse con retratos hablados de asesinos seriales. Porque más allá de las particularidades de una historia personal, nos enfrentamos a una historia que permite, tolera y reproduce el sometimiento de las mujeres consideradas como inferiores y propiedad de otros.
Las páginas de este texto nos recuerdan que la pronunciación del problema como tal es reciente, que en las primeras conferencias de la mujer hubo resistencias para aceptarlo y el papel protagónico de las organizaciones civiles en la tarea de evidencia –y aquí cito a la autora–: habla del “papel que las tradiciones, costumbres e incluso las leyes han jugado en la permanencia de esa violencia”.
Su combate, se subraya documentadamente en el libro, es parte de la agenda de los derechos humanos y sería inexplicable sin el rol de la CEDAW y de la Convención de Belem para que en los años 90 nos sensibilizaran en la premisa de que erradicar la violencia de género es condición indispensable para el desarrollo individual y social de las mujeres. Y que el Estado también es responsable de su prevención, castigo y eliminación y, por tanto, la reproduce cuando la tolera.
Hay ideas que por sí solas motivan a la reflexión y que una no puede dejar de citar. Se trata de planteamientos y síntesis que Paty Olamendi expone. Por ejemplo, en el catálogo de derechos de las mujeres, se puntualiza la importancia de la igualdad de protección ante la ley. Eso es clave, porque pone énfasis en una realidad que aún nos agobia: no todas las leyes nos protegen.
Los ejemplos que se exponen son contundentes, como ese del artículo 308 del Código Penal, cuando se atenúan la pena al agresor porque su ilícito fue cometido en “estado de emoción violenta”. Hay legislaciones más tristes, como la de Nicaragua, donde se habla de “estado de arrebato”.
Entre las muchas definiciones que el libro alberga, me quedo con la que explica que la violencia contra las mujeres se origina y se reproduce en la construcción social y cultural –tradiciones, costumbres, normas sociales, mitos, creencias que regulan las relaciones en la sociedad–; construcciones que se mantienen a través de instituciones como la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación y las prácticas sociales.
Señala que a nivel global, y nosotros no escapamos a ello, el fracaso en el cumplimiento de las convenciones se materializa en las policías y los tribunales, por la actitud hostil de quienes, por el contrario, deberían atender las necesidades de las mujeres.
La advertencia cultural es terrible. El feminicidio pretende lo imposible: restaurar los resquebrajados valores y normas que sustentan las relaciones entre mujeres y hombres.
