Tres niveles de exclusión: ser mujeres, indígenas y pobres.
De las muchas lecturas que puede darse a la disculpa pública a Jacinta, Alberta y Teresa, indígenas ñanus encarceladas por un supuesto secuestro a policías de la AFI, está la de la ciudadanía de las mujeres, no la de papel, sino la sustantiva, que tiene que ver con el pleno disfrute de los derechos humanos.
Si se recuerda el caso, ellas eran comerciantes ambulantes y los hombres armados irrumpieron en su tianguis, y a su reclamo respondieron encarcelándolas, no para hacer cumplir la ley, no en un legítimo uso de la fuerza de acuerdo al contrato social, sino como una respuesta más primitiva, como una llamada más atenazada a su impronta cultural: para mostrar quién mandaba.
Esa decisión de la autoridad, con la marca del patriarcado como guía, protegió por varios años la jerarquía común entre la población mestiza y la indígena; pero en su caso se sumaron varios niveles de exclusión: ser mujer, ser indígenas y ser pobres; y en esta sumatoria negativa entendemos lo débil que era su ciudadanía.
En la teoría de la democracia, la crítica más dura es la que señala que en la sociedad de los desposeídos se disuelven los lazos morales y se debilitan los acuerdos que forjan la civilidad en los grupos humanos. Pero en este caso lo que disolvió el contrato social es la seguridad de la jerarquía social y cultural en la que se sintieron los miembros de esa policía. El uso de la fuerza se ejerció para suprimir los derechos de estas indígenas y no para garantizar el Estado de derecho.
El otro nivel de violación de sus derechos ciudadanos se advierte en cómo es llevado a cabo el juicio: en una lengua que es un idioma extraño, no sólo por no ser su lengua materna, sino por los referentes culturales y sociales que implica un juicio en México, las minucias y argucias que pueden degradar el proceso y la falta de un buen defensor.
El no poder pagar o disponer por ley de un buen abogado, es una condición que comparten miles de indígenas y pobres de México. Una simple estadística puede comprobar que el sistema penitenciario está lleno de personas que no pueden pagar un abogado y por tanto no tienen una verdadera posibilidad de tener un proceso limpio, apegado a derecho y con la presunción de inocencia.
Si en México la palabra protesta casi es una herejía pronunciada por un grupo de personas, una protesta en labios de una mujer indígena es una provocación para quien ejerce la autoridad, ya que históricamente se espera que por su calidad de indígenas, éstas mujeres respondieran al arquetipo de silenciosas y obedientes, con ninguna línea de continuidad con los rebeldes de la guerra de castas. Con ninguna similitud con figuras disruptivas como lo fue la comandante Ramona.
Y finalmente, su condición de mujeres las coloca en otro nivel de exclusión porque, fuera de la visión romántica del indigenismo pasado y reciente, las culturas indígenas son de un radicalismo patriarcal que raya en lo más salvaje, como puede ser documentado en el caso de la violencia política a candidatas mujeres a puestos de mando en comunidades de Oaxaca y Chiapas, por sólo mencionar los más conocidos .
Seguir la lucha “hasta que la dignidad se haga costumbre”, como lo afirmó Estela Hernández como respuesta a la disculpa de la PGR, es una empresa difícil para las mujeres indígenas, porque carecen de los hechos de una ciudadanía sustantiva, pero es la vía para el empoderamiento y romper un techo de cristal tan duro que no podemos nombrarlo con precisión. Pero es una gran ruta.
Genoveva Flores. Periodista y catedrática del Tec de Monterrey.
