El gobierno federal y representantes de los sectores productivos del país firmaron un acuerdo para “evitar alzas injustificadas”.
El acuerdo para manifestar buenas intenciones ante pésimos resultados, ni fortalece la economía ni protege a la familia. Pura demagogia en decadencia.
Cuidar que no haya un incremento injustificado en la canasta básica y en su caso denunciarlo: ¿Para esto se necesita un acuerdo? No creo, para eso se necesita la aplicación de la ley en un país donde hace mucho el Estado de Derecho está ausente.
Aquí le van la buenas intenciones, que con la frase ahora de moda muchos responderían que eso lo hubieran hecho años atrás: modernizar el transporte público, mejorar créditos, fomentar la inclusión laboral de grupos vulnerables, entregar ahorros a los adultos mayores de 65 años que no los hayan recibido, favorecer la libre competencia, recuperación del salario mínimo, estimular la inversión, repatriar capitales en el extranjero, reducir el endeudamiento, ejercer de manera transparente y austera el presupuesto.
No, no son promesas de campaña, aunque lo parezcan. Es el resultado de la simulación que ocurría en los otrora llamados “pactos” y que esta vez fueron anunciados como el resultado de la unidad por México.
Afortunadamente no engañan a nadie. Este acuerdo para enfrentar la crisis del gasolinazo es un paquete de acciones, en las que el gobierno federal tiene la obligación de ejercerlas, sin pacto ni acuerdos, con autoridad y firmeza, no rodeado ni aplaudido por los suyos.
Y con mayor razón ante la adversidad que enfrentamos: aumento de precios de los combustibles, una inflación que va para arriba, irritación y hartazgo social, un mercado interno débil y la asunción del inefable Donald Trump al gobierno estadounidense.
Qué tan mal estará el famoso acuerdo como para que la COPARMEX dijera que no le entraba porque se hizo al vapor y sobre las rodillas, porque es insuficiente, incompleto e improvisado; que es ambiguo y lleno de lugares comúnes.
Un pacto que huele rancio no terminará con las protestas por el alza de la gasolina, ni con el mal humor social acumulado por decisiones de una clase política insensible.
¡Ah! Y que no se les olvide a aquellos legisladores que ahora cuestionan las decisiones tomadas desde el Ejecutivo, que también tienen parte de la responsabilidad.
La reducción del 10% a los salarios de servidores públicos de mando superior, es prácticamente nada. Insisto, por qué no suspender bonos, vales, vehículos, celulares, choferes, viajes en primera clase, servicios médicos privados, prestaciones onerosas que salen del erario público.
Por qué no se ahondó en la corrupción que tanto daño nos ha hecho; ese abuso del poder público para beneficio propio. Esa corrupción que merma el crecimiento económico, que beneficia a los que más tienen y vulnera a los demás.
Y si hubieran dicho algo sobre licitaciones, impuestos con exenciones, gasto público ejercido sin trasparencia ni rendición de cuentas, provisión de bienes y servicios a precios subsidiados; sobre fraudes, en fin, sobre la delincuencia que prevalece en los ladrones de cuello blanco.
El presidente Enrique Peña Nieto enfrenta el peor momento de su sexenio, no hay manera de convencer a los ciudadanos de que era una medida necesaria e impostergable.
Y menos la habrá sin medidas contundentes contra la corrupción. Veremos.
