Por. Ernesto Madrid
IG: @JErnestoMadrid
Diez billones 636 mil millones de pesos. Esa es la factura que Morena y sus aliados aprobaron para 2027. Lo hicieron después de casi 20 horas de discusión, mil 760 reservas y una conclusión que retrata la disciplina del oficialismo: no le movieron ni una coma al proyecto del Ejecutivo. Mucho debate, pero ninguna voluntad de corregir.
El presupuesto mantiene el rescate financiero de Pemex, destina recursos millonarios a obras emblemáticas del sexenio anterior y eleva el gasto social a más de un billón de pesos. La pensión para adultos mayores absorberá 543 mil 498 millones. Nadie cuestiona que los programas sociales sean necesarios; lo que debe exigirse es transparencia, resultados y sostenibilidad. Sobre todo, cuando 2027 será año electoral y el dinero público puede convertirse en una poderosa herramienta política.
La cuenta tampoco sale gratis: el déficit supera 1.35 billones de pesos y la deuda pública ronda 55% del PIB. Es decir, el Gobierno compromete más recursos de los que tiene y traslada parte de la factura a los próximos años. Mientras tanto, el INE enfrentará un recorte de seis mil millones de pesos justo cuando debe organizar las elecciones intermedias. Una autoridad electoral que necesita recursos y confianza pública recibe menos presupuesto en medio de cuestionamientos sobre su credibilidad institucional y la corrupción de su expresidente consejera Guadalupe Taddei.
La pregunta no es si México necesita gasto social o inversión en infraestructura. La pregunta es por qué el Congreso renunció a revisar prioridades, costos y resultados. Pemex sigue necesitando respaldo público; el Tren Maya continúa dependiendo de recursos del erario y las grandes obras siguen reclamando dinero. ¿Dónde está la evaluación que justifique semejante esfuerzo presupuestal?
En el Encuentro Amafore 2026, Hacienda habló de convertir el ahorro pensionario en socio de la infraestructura. La propuesta puede tener sentido, pero el propio sector recordó que las Afores no son una caja disponible para el Gobierno: el ahorro de los trabajadores exige proyectos rentables, seguridad jurídica y evaluación de riesgos.
Ese es precisamente el problema: se pide confianza a los ahorradores, pero el Congreso no parece dispuesto a exigir la misma disciplina al gasto público.
Morena aprobó el presupuesto sin cambiar una coma. La deuda crecerá, los programas sociales tendrán más recursos y las obras del pasado seguirán cobrando factura. Lo que sigue sin aparecer es una explicación convincente de qué resultados recibirá el país a cambio de tanto dinero.
