Por. Ernesto Zavaleta
X: @ErnestoZavale
Hay una economía que cabe perfectamente en una gráfica y otra que lastima inevitablemente la cartera y se maquilla o trata de esconderse. Y de ambas mucho tendrá que decir el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en su comparecencia ante los diputados el próximo miércoles.
La primera tiene indicadores que permiten respirar: el PIB registró un crecimiento anual de 1.9% en el segundo trimestre de 2026; la inflación anual fue de 3.26% en agosto y la tasa de desocupación rondó 2.7% en julio, según datos del INEGI.
La segunda tiene otros números, también del INEGI: en el segundo trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral fue de 55.1% y la de condiciones críticas de ocupación llegó a 37.7%.
Ahí está el verdadero debate político.
Porque en México hemos aprendido a celebrar el dato que conviene y a explicar el que incomoda. Si crece el PIB, se habla de fortaleza. Si baja la inflación, se habla de estabilidad. Si la desocupación permanece baja, se habla de un mercado laboral resistente. Todo correcto, mientras nadie pregunte qué clase de empleos están detrás de esas cifras.
La informalidad es la pregunta incómoda. Más de la mitad de la población ocupada está en esa condición. Y no se trata de una discusión semántica: significa que una parte enorme del mercado laboral funciona fuera de los esquemas que permiten acumular derechos y protección social de manera regular. INEGI reportó 18.16 millones de personas ocupadas en el sector informal durante el segundo trimestre.
Por eso, el debate sobre crecimiento no puede reducirse a décimas del PIB. Un país puede crecer y, simultáneamente, tener un mercado laboral con enormes segmentos de precariedad. Puede contener la inflación y mantener presiones sobre el ingreso de los hogares. Puede presumir una desocupación baja y, al mismo tiempo, registrar una elevada proporción de trabajadores en condiciones críticas.
Y aquí aparece la política.
El Paquete Económico 2027 tendrá que responder qué pretende hacer el Gobierno con esa economía que no aparece completa en los discursos. Porque el presupuesto no es únicamente una hoja de ingresos y egresos: es la traducción de las prioridades políticas en dinero público.
Resalta entonces la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el próximo 30 de septiembre, puede ser particularmente relevante en el debate del Paquete Económico 2027, endeudamiento, ingresos, crecimiento y gasto.
La discusión en San Lázaro será, por supuesto, sobre déficit, deuda, ingresos, inversión, programas sociales y gasto público. Pero debajo de todas esas partidas estará una pregunta bastante más sencilla: ¿cómo convertir crecimiento en mejores condiciones de vida?
La oposición tendrá sus propias respuestas y el Gobierno defenderá las suyas. Es parte del juego democrático. Lo que no debería perderse entre discursos, reservas y votaciones es la diferencia entre tener trabajo y tener un trabajo que permita vivir con seguridad.
Porque una tasa de desempleo baja puede ser una buena noticia. También lo es una inflación moderada. Pero ninguna de las dos resuelve por sí sola el problema de un mercado laboral donde 55.1% enfrenta la informalidad y 37.7% se encuentra en condiciones críticas de ocupación.
La economía mexicana, pues, tiene dos relatos. Uno se presenta en las conferencias de prensa, en los informes y en las gráficas. El otro se escucha en el mercado, en el transporte, en el pequeño negocio y en la casa donde cada quincena hay que volver a hacer cuentas.
En el debate sobre el Paquete Económico 2027, PRI y PAN coinciden en cuestionar el proyecto del Gobierno federal, aunque ponen el acento en aspectos distintos.
El PRI, encabezado en San Lázaro por Rubén Moreira, ha centrado sus críticas en el nivel de endeudamiento y en lo que considera un incremento de la carga fiscal mediante modificaciones que no aparecen como un aumento directo de impuestos.
Moreira sostuvo que el paquete “sube impuestos por la puerta de atrás”, al cuestionar cambios en límites a deducciones y pérdidas fiscales.
También pidió revisar las disposiciones relativas a Aduanas, prediales municipales y uso de efectivo.
El PRI también ha puesto el foco en el costo de la deuda. El equipo legislativo de Moreira ha señalado una estimación de 21.6 billones de pesos de deuda pública para 2027 y alrededor de 1.57 billones de pesos en intereses, cifras que utiliza para cuestionar el espacio disponible para inversión y gasto público.
Por ello, la posición priista es revisar el paquete durante el proceso legislativo y modificar aquellos aspectos que impliquen mayor endeudamiento, presión fiscal o inconsistencias presupuestales, en lugar de avalarlo tal como fue presentado. Moreira incluso planteó mantener la revisión hasta diciembre ante la posibilidad de que se incorporen modificaciones mediante reservas.
Los diputados del PAN, con Elías Lixa a la cabeza, también han cuestionado el proyecto, particularmente cualquier disposición que pueda traducirse en mayores impuestos o carga tributaria.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez señaló que su bancada no respaldaría políticas o propuestas que impliquen un alza de impuestos y calificó al PEF planteado como “muy inercial”.
Los panistas también han advertido sobre insuficiencia de recursos para servicios públicos, particularmente salud, además de cuestionar el endeudamiento y el gasto en determinados sectores. En términos generales, el PAN ha planteado que el presupuesto debe orientarse con mayor claridad a seguridad, salud, infraestructura e inversión.
Además, PRI y PAN marcaron distancia del método de negociación de Hacienda.
Ambos grupos decidieron no acudir a los encuentros informales con el secretario Édgar Amador, al considerar que la convocatoria no siguió los canales institucionales.
El PAN argumentó que desde 2025 Hacienda había ofrecido diálogo formal con la oposición y que no hubo mecanismos efectivos de seguimiento.
La coincidencia central es que ninguna de las dos bancadas ha planteado respaldar sin modificaciones el Paquete Económico 2027. La diferencia de énfasis está en que el PRI ha construido su crítica alrededor de deuda, presión fiscal e inconsistencias, mientras el PAN insiste especialmente en evitar aumentos tributarios y en modificar las prioridades del gasto.
La política económica tendrá que decidir cuál de esos dos relatos quiere convertir en prioridad.
Porque al final del día, el ciudadano no cobra en puntos porcentuales del PIB.
Cobra en pesos. Y esos pesos tienen que alcanzar.
