Por. Ernesto Zavaleta
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Hay discusiones que se ganan con argumentos y otras que se pierden por la manera en que se plantean. La que protagonizaron Joaquín López-Dóriga y Luisa María Alcalde alrededor de la llamada “lista negra” de periodistas pertenece, por ahora, a la segunda categoría.
La discusión no está en si el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene derecho a responder a los periodistas. Por supuesto que lo tiene. Tampoco está en si los funcionarios pueden cuestionar información que consideran falsa o imprecisa. También pueden hacerlo.
El verdadero problema apareció cuando, desde un espacio institucional de la Presidencia, se exhibieron nombres de periodistas y medios de comunicación y, después, desde el propio gobierno se tuvo que explicar que aquello no era una “lista negra”.
La consejera jurídica de la Presidencia sostuvo ante López-Dóriga que nunca presentó una relación de periodistas opositores y que el ejercicio realizado en “Derecho de Réplica” tenía una finalidad técnica: explicar el ecosistema digital mediante el cual determinados contenidos son retomados, amplificados y eventualmente distorsionados por cuentas automatizadas o redes de interacción.
Su argumento fue sencillo: los periodistas y medios mencionados no eran señalados como responsables de los llamados bots, sino utilizados como ejemplos de los contenidos que circulan en ese ecosistema.
El problema es que en política —y particularmente desde el poder— las formas importan tanto como las intenciones.
Porque una cosa es estudiar estadísticamente la propagación de contenidos en redes sociales y otra muy distinta es poner nombres y apellidos de periodistas en una presentación oficial de la Presidencia.
Ahí está el punto que López-Dóriga intentó colocar durante los poco más de 26 minutos de conversación.
“De que hubo lista, la hubo”, fue, en esencia, la respuesta del periodista frente al intento de redefinir lo ocurrido.
Y López-Dóriga no habló solamente por sí mismo.
Recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue mencionado 316 veces desde Palacio Nacional. Su argumento fue que no existe una verdadera simetría entre un periodista y el presidente de la República en turno: uno tiene un micrófono; el otro tiene detrás la institución presidencial, los recursos públicos y la enorme capacidad de amplificación que representa el aparato del Estado.
La respuesta de Alcalde fue que el presidente tiene derecho a contestar cuando considera que una información es falsa o imprecisa.
Ahí se cruzaron dos conceptos que no son iguales: réplica y descalificación.
El derecho de réplica es legítimo. La propia legislación mexicana reconoce que la crítica periodística puede ser objeto de réplica cuando está sustentada en información falsa o inexacta y causa un agravio.
Pero una réplica no convierte automáticamente al periodista en adversario político. Y mucho menos debería convertirlo en un objetivo desde el poder.
Ese es precisamente el temor que López-Dóriga puso sobre la mesa.
No dijo que una lista pudiera intimidarlo personalmente. De hecho, dejó claro que, a sus 79 años y 58 de ellos en el ejercicio periodístico, no se siente impresionado ni amenazado por aparecer en una relación elaborada desde el poder.
Su preocupación fue otra: el efecto que puede tener esa señalización sobre otros periodistas.
Porque el periodista que lleva décadas frente a un micrófono probablemente puede soportar una confrontación con el poder. El reportero local, el periodista independiente, el fotógrafo que trabaja en un estado violento o quien depende de una pequeña empresa periodística quizá no tenga las mismas condiciones.
El poder no necesita ordenar una agresión para producir un efecto de intimidación. A veces basta con señalar.
Por eso resulta particularmente desafortunada la frase de Alcalde: “No hay que tener miedo”.
El problema es que quien tiene que decirle a la prensa que no tenga miedo es precisamente quien debería preguntarse por qué la prensa está sintiendo que tiene que defenderse.
La consejera jurídica insistió en que el gobierno de la Cuarta Transformación jamás ha pretendido censurar a los periodistas y que no existe intención de impedir que nadie opine, critique o exprese sus posiciones.
Entonces la pregunta es otra: ¿era indispensable exhibir los nombres?
Si el objetivo era explicar el funcionamiento de los algoritmos, los bots, las redes de amplificación y la desinformación, podían mostrarse ejemplos anonimizados, estadísticas, gráficas, patrones de comportamiento o publicaciones.
¿Por qué nombres?
Porque ahí está el elemento que convirtió una explicación técnica en una controversia política.
Y hay otro detalle que no debería pasar inadvertido.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el ejercicio de “Derecho de Réplica” como un mecanismo mediante el cual el gobierno puede responder públicamente a información que considera falsa.
En abril de 2025 explicó que su gobierno no censuraría a periodistas, pero que la Presidencia también tenía derecho a responder. (Gobierno de México)
Ese principio es perfectamente defendible.
Lo que no resulta igualmente defendible es que el ejercicio del derecho de réplica termine pareciendo un mecanismo de clasificación de periodistas.
Porque entonces el mensaje deja de ser: “el gobierno tiene derecho a responder”, y comienza a parecer: “el gobierno está tomando nota de quiénes lo critican”.
La diferencia es enorme.
López-Dóriga llevó la discusión incluso a una declaración de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien en 2021 calificó como “fascista, macartista y nazista” la elaboración de listas de opositores y críticos. La pregunta del periodista fue directa: ¿dónde queda entonces la actual consejera jurídica frente a aquella definición?
La consejera jurídica de la Presidencia insistió y trató de aclarar su indefendible argumento de que no existe una “lista negra”. La dio, la hizo pública en cadena nacional, en un medio oficial, desde el Palacio Nacional.
López-Dóriga salió a defender que, independientemente del nombre que se le quiera dar, hubo una lista con periodistas y medios identificables.
Una lista puede llamarse “estudio”, “muestra”, “ejercicio técnico”, “mapa de conversación digital” o “análisis de ecosistema”. Si contiene nombres de periodistas críticos del gobierno y es presentada desde una instancia de la Presidencia, la pregunta inevitable será para qué se hizo y qué pretende producir.
Eso no significa que el gobierno no pueda analizar redes sociales.
Significa que el poder debe ser especialmente cuidadoso cuando señala a quienes ejercen la libertad de expresión.
La democracia no consiste en que el gobierno permanezca callado ante las críticas. Tampoco consiste en que los periodistas sean inmunes a la réplica.
Consiste en algo más incómodo: que el gobierno pueda contestar y que el periodista pueda seguir criticándolo al día siguiente.
Porque si algo debiera haber quedado claro después de la entrevista entre López-Dóriga y Luisa María Alcalde es que la libertad de expresión no se demuestra sólo diciendo que existe, hay que respetarla con hechos.
Se demuestra permitiendo que el que critica al poder siga criticándolo después de haberlo hecho. Sin amenazas, sin “listas negras”.
Y quizá esa sea la verdadera pregunta que quedó flotando después de los 26 minutos de entrevista:
Si no era una lista negra, ¿qué necesidad tenía el gobierno de hacer una lista?
