Redacción / El gobierno de México reiteró su plena disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH) con motivo de los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Mediante un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, condenaron categóricamente hechos de violencia sexual y tortura cometidos contra 11 víctimas.
Expusieron que el día de ayer una representación del Estado mexicano acudió a la audiencia pública del caso Selvas Gómez vs. Estados Unidos Mexicanos convocada por la CIDH. Ahí el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, reiteró que el Estado mexicano condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos en su territorio y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres.
Explicó que desde marzo de 2013 el Gobierno de la República reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres con motivo de los hechos en San Salvador Atenco.
Desde esa fecha, detalló, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares.
Precisó que, hasta la fecha, han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales, incluyendo agentes de Seguridad Pública del Estado de México, médicos legistas y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público por los delitos de tortura y encubrimiento de ésta.
Los procedimientos penales, asentó, continúan su seguimiento de conformidad con los términos y plazos que establece la legislación penal, establecidos por la vigente al momento de los sucesos. Anotó que se ha puesto a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para el caso, el cual comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y compensación económica, entre otros.
Aclaró sin embargo que el Estado es respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reiteró su ofrecimiento de aplicar las de reparación si las personas así lo deciden. Indicó que simultáneamente el Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural, como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres.
También está la creación de un marco jurídico nacional robusto en materia de prevención y combate a la tortura con perspectiva de género; y la instrumentación de protocolos de actuación ministerial adecuados, entre otros.
Por otro lado señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejerciendo su facultad de investigación, en aquella época, conoció del caso y en febrero de 2009 emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades y el abuso policial en los hechos.
La SCJN concluyó que elementos y mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas, incluyendo a las 11 mujeres, incumpliendo de esa manera con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública. No obstante, la SCJN determinó que dichas violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes.
