Por. Ernesto Zavaleta
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Necesitamos 94 mundiales de fútbol para cubrir las pérdidas de un año por la violencia.
Terminó el mundial de fútbol, se diluye la euforia futbolera y la atención de los mexicanos vuelve a la angustia de una violencia que cuesta al país diez veces más que las pérdidas que podría causar la prórroga a diez años en las negociaciones del TMEC; la derrama económica para México en el Mundial de Fútbol 2026 apenas alcanzaría a cubrir el 1.4% del daño económico que genera el crimen en un año.
La fiesta futbolera se alargó hasta la tarde noche de ayer en Nueva York, hasta donde acudió, por órdenes, o invitación, de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por fin se apareció en un escenario mundialista, donde compartió también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. ¿Habrá preguntado sobre el secuestro de El Mayo Zambada? ¿habrá pedido una visa nueva para Adán Augusto, o pruebas contra Rocha Moya?
Y finalmente el festejo terminó. Se acabaron los abrazos de chairos y fifis frente a una pantalla, vuelven los odios creados, vuelven las angustias por la violencia, y volvemos a la conciencia de que estamos en una crisis.
De nada sirvió invitar a un pato a la mañanera o, como lo hizo el PT, incluir en sus anuncios televisivos y carteles imágenes alusivas a jugadas de fútbol, en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos poco o nada aprovechó el gobierno federal de ser sede del mundial, como bien lo señaló el diputado Rubén Moreira Valdez.
Aun así, ningún discurso político permeó en los millones de mexicanos que siguieron uno a uno los 104 juegos, desde las eliminatorias de grupos hasta la final del campeonato, más que ningún otro mundial.
La defensa de Rubén Rocha, las acusaciones de invasión en el secuestro-detención del Mayo Zambada, las pre-elecciones o el cambio de poder en el Congreso ocupan ahora el espectro informativo.
Sin embargo, existe una cifra que no se menciona, aunque debería ocupar el centro de cualquier discusión nacional: la violencia le cuesta al país entre cuatro y cuatro y medio billones de pesos al año. Billones. No miles de millones. BILLONES.
Tendríamos que ser país sede de al menos 94 mundiales de fútbol para igualar la derrama económica que dejó la justa deportiva, con la cifra del costo de la violencia para México en sólo un año.
La Secretaría de Turismo del Gobierno de México proyectó una derrama económica de mil millones de dólares (aproximadamente 18 mil a 20 mil millones de pesos, según el tipo de cambio) y si es que se llegó a la meta de 5.5 millones de visitantes.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima una derrama considerablemente mayor: entre 53 mil y 65 mil millones de pesos por los visitantes que llegaron por el torneo deportivo.
Si se toma la estimación más alta de 65 mil millones de pesos, la derrama del Mundial equivaldría aproximadamente a 1.4% del costo anual de la violencia en México (estimado en 4.5 billones de pesos).
En 2020 se calculó las pérdidas por la violencia y el crimen en 4.71 billones de pesos (22.5% del PIB); para 2023 la cifra aumentó a 4.9 billones de pesos (19.8% del PIB); en el 2024 fue de 4.5 billones de pesos (18% del PIB), el año pasado se estimó en 4 billones de pesos (11% del PIB), en el primer semestre de 2026 ya se igualo la cifra del año pasado, esto según el Índice de Paz México 2026
Las cifras de pérdidas por la violencia son tan grandes que escapa a la comprensión. Equivale a entre 11 y casi el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según distintas mediciones del Instituto para la Economía y la Paz. Sólo en 2024 representó alrededor de 4.5 billones de pesos: seis veces el presupuesto destinado a salud y cinco veces el asignado a educación.
Es decir, México pierde cada año una cantidad de riqueza suficiente para transformar radicalmente su sistema sanitario, educativo y de infraestructura, y a nuestros políticos les preocupa más la elección de 2027, a que ya no haya dinero del crimen organizado en las campañas políticas.
Pero la violencia se ha vuelto paisaje. Y cuando una tragedia se convierte en paisaje, deja de ser prioridad.
El gobierno federal asegura una baja en homicidios, celebra capturas de líderes del crimen organizado o como los llaman ahora “generadores de violencia. Y tienen razón en hacerlo, y toma la bandera de defensa de la soberanía por la captura de uno de esos cabecillas, El Mayo Zambada.
Y sí. Durante los últimos años han sido detenidos, extraditados o neutralizados personajes de alto perfil como Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán, Miguel Ángel Treviño Morales, Óscar Omar Treviño Morales y decenas de operadores regionales. La administración de Claudia Sheinbaum también presume resultados y el Gabinete de Seguridad informa constantemente sobre objetivos prioritarios detenidos.
Sin embargo, la pregunta incómoda permanece. Si los capos caen, ¿por qué el costo económico de la violencia sigue siendo monumental?
La respuesta es que el crimen organizado en México dejó hace mucho de depender de nombres y apellidos. Se convirtió en estructura.
Los estudios más serios sugieren que entre 75 y 81 por ciento del territorio nacional registra presencia o influencia de organizaciones criminales. Eso no significa que los cárteles gobiernen cuatro quintas partes del país, como suelen simplificar algunos discursos, significa algo quizás más preocupante: que existen regiones enteras donde la actividad criminal forma parte de la vida cotidiana.
Hay municipios donde los grupos delictivos sólo utilizan rutas de trasiego. Otros donde cobran extorsiones. Otros donde deciden quién abre un negocio. Algunos donde determinan candidaturas. Y unos más donde sustituyen parcialmente funciones del Estado.
La presencia es nacional.
El control es regional.
La amenaza es generalizada.
Por eso resulta insuficiente medir el problema únicamente por el número de detenidos o droga confiscada.
México tiene 32 estados bajo algún grado de presión criminal. Desde Sinaloa hasta Chiapas, desde Tamaulipas hasta Michoacán, pasando por Guerrero, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco. Cambian los grupos, cambian los nombres y cambian las disputas, pero la constante permanece, millones de mexicanos padecen una violencia que parece incontrolable.
Afirmar que “el narco controla el 80% de México” o que “domina México” es una simplificación discursiva. Lo más preciso sería decir que diversos estudios ubican presencia criminal en alrededor de cuatro quintas partes del territorio nacional, pero el control efectivo y permanente varía según la región.
Sin embargo, las pérdidas por la violencia de hasta 4.5 billones de pesos al año, son reales, y podría ser muy superior, pues ese cálculo de instituciones de seguridad y expertos nacionales y extranjeros, no contemplan que más de un millón de empresas reportan haber sido víctimas de delitos.
Miles de inversionistas reconsideran y cancelan proyectos en el país. Familias enteras destinan recursos a protección privada. Comunidades abandonan actividades productivas. Municipios pierden oportunidades de desarrollo.
Todo eso también es violencia. Y todo eso también cuesta.
En San Lázaro suelen discutirse los montos de los programas sociales, las participaciones federales o las grandes obras de infraestructura. Pero pocas veces se habla del presupuesto invisible que pagan los mexicanos por la inseguridad.
Un impuesto criminal.
Uno que nadie aprobó.
Uno que nadie votó.
Uno que se cobra todos los días.
Quizá ahí radica el verdadero desafío para el Estado mexicano. No sólo detener a los capos más visibles, sino reducir el inmenso costo económico, social e institucional que produce la violencia.
Porque cuando un país pierde cuatro billones y medio de pesos al año por inseguridad, el problema ya no es únicamente de seguridad.
Es un problema de desarrollo.
De gobernabilidad.
Y, sobre todo, del futuro de más de 130 millones de mexicanos.
