La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, no deben minimizarse, pues obligan a investigaciones firmes para sancionar a políticos vinculados con el narcotráfico.
“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, señaló en entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente.
López Rabadán dijo que afirmar que existe una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano, y que ambos “son la misma cosa”, como lo señaló el funcionario estadounidense, se trata de una acusación de enorme gravedad que no puede aceptarse sin pruebas, pero que tampoco debe ser minimizada.
“Obliga a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes cuando haya señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas que ejercen el poder público en nuestro país”, insistió.
Por ello, abundó, la respuesta de México no puede limitarse a rechazar las declaraciones del director de la DEA ni a atribuirlas únicamente a motivaciones políticas.
“Corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos. Se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia”, indicó.
Se trata, subrayó, de una responsabilidad propia del Estado mexicano y de un compromiso irrenunciable con las familias de nuestro país.
“Independientemente de los señalamientos de Estados Unidos, debemos aquí en México garantizar seguridad, hacer valer la ley, cerrar los espacios a la impunidad y asegurar que el poder público se ejerza siempre para proteger a la ciudadanía, nunca para encubrir o favorecer intereses criminales”, destacó.
La diputada presidenta hizo énfasis en que hoy existen dos casos que exigen especial atención, como son Baja California y Sinaloa, y dijo que, si bien no se puede afirmar sin una sentencia o pruebas suficientes que las personas señaladas sean cómplices de organizaciones criminales, tampoco se debe descartar esa posibilidad únicamente mediante declaraciones políticas.
“Si las investigaciones acreditan que algún funcionario, de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad, tiene vínculos, brinda protección o hace uso de recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley”, expuso.
No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas, aseveró.
Las afirmaciones del director de la DEA, continuó, se producen en un contexto de acusaciones judiciales, señalamientos públicos, testimonios, decisiones administrativas y conversaciones divulgadas que deben ser esclarecidos, sin prejuzgar, pero también sin evasiones.
López Rabadán alertó que a este contexto se suma la decisión de las autoridades de Estados Unidos de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales designados.
“Esta medida amplia la presión jurídica, jurídica, financiera y política sobre las organizaciones criminales mexicanas y confirma que la política estadounidense frente a los cárteles está adquiriendo una dimensión cada vez más severa con implicaciones directas para nuestra relación bilateral”, señaló.
Por ello es que las instituciones mexicanas deben dar un ejemplo claro y concreto, apegado a la legalidad, concluyó.
