Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
En casa del herrero, azadón de palo, dicen por ahí. Y en el gobierno más feminista de la historia, tal parece que la violencia doméstica es un activo presente en sus altos funcionarios.
O al menos esto parece indicar el video recientemente publicado y viralizado en las redes sociales por María Felicia Jiménez, exesposa del exdirector de Pemex y exfuncionario de Sener, Víctor Rodríguez Padilla. En dicho video se veía al exfuncionario jalonear, golpear y violentar a María Felicia sin importarle la presencia de su hijo.
La historia de ambos comenzó en 2017, siendo formalmente pareja en 2018 tras una coincidencia en el ámbito académico. Pero en 2022, de acuerdo con declaraciones de ella, la violencia física se hizo presente y fue escalando hasta dejar cicatrices en ocasiones. Pero no fue sino hasta cuando Rodríguez asumió la dirección de la paraestatal en 2024 que él utilizó su poder para amenazar con deportaciones o pérdida de custodia de su hijo, sumando a la ya violencia física el maltrato psicológico. Y cuando fue anunciado (aunque lo haya hoy en día negado la institución) como funcionario de la Sener, intentó hacer del conocimiento la situación familiar, sin éxito y recibiendo por respuesta un silencio que ratificaba que la bandera feminista solo sirve en las urnas, no en la realidad.
El resto es historia. Salió el video publicado por ella y entonces sí todos se hicieron presentes. Desde la acéfala Secretaría de las Mujeres y todos a desconocerlo. No obstante, esta situación da pie a visualizar una problemática adicional a la del poder institucional amparando violentadores, y es la normalización de la violencia doméstica que, prolongada en el tiempo, provoca que la víctima se habitúe a ésta y fragmente su capacidad de respuesta.
Ello, sumado a la erosión sistemática de la autoestima y la red de apoyo, convierte al hogar en un entorno donde el umbral de lo que se considera “aceptable” se desplace constantemente hacia un grado mayor de violencia; algo que responde a aquellos que culpan a la víctima por no denunciar antes.
Si a esto se suma, como es el caso, que el perpetrador ocupe posiciones de poder institucional, esta dinámica se ve amplificada por una barrera de impunidad que deja a la víctima en una situación de indefensión.
Y es aquí donde asombra que un gobierno que decidió elevar a nivel de secretaría la otrora Inmujeres no haya diseñado protocolos estrictos que vinculen la conducta personal —específicamente la violencia de género— con la idoneidad para ejercer un cargo público. La ausencia de una perspectiva de género vinculante en la evaluación de funcionarios facilita que el Estado sea un cómplice tácito al ignorar las denuncias previas, consolidando un entorno donde el poder se utiliza para blindar al agresor frente a la justicia.
Pero bueno, se nos olvida que de momento el gobierno está más ocupado en tener acuerdos en el Senado y sacar sus alianzas electorales. Las víctimas, ¿qué?
