Por. Ernesto Zavaleta
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En política, las comparaciones suelen ser injustas. Pero hay ocasiones en que la realidad se empeña en ponerlas sobre la mesa.
Ayer ocurrió una de ellas.
La primera gran prueba del nuevo auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, apenas comenzaba cuando desde otro escritorio del gobierno llegó un mensaje políticamente incómodo.
La Auditoría Superior de la Federación presumía el inicio de una nueva etapa de fiscalización con errores en la aplicación de 600 millones de pesos en el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, al mismo tiempo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó, en un solo expediente, una sanción económica por 777 millones de pesos contra cuatro exfuncionarios de Alimentación para el Bienestar.
Paradójicamente, una sola investigación administrativa terminó exhibiendo un impacto económico superior al conjunto de las acciones presentadas ese mismo día por el máximo órgano fiscalizador del país.
La coincidencia no pasó inadvertida en los pasillos de San Lázaro.
Mientras la Auditoría Superior de la Federación presentó con solemnidad su primera entrega de la Cuenta Pública 2025, acompañada de cifras, auditorías, expedientes, denuncias penales y discursos sobre una nueva etapa de la fiscalización, casi al mismo tiempo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la sanción contra apenas cuatro exfuncionarios de Alimentación para el Bienestar que deberán responder por una multa de 777.8 millones de pesos e inhabilitaciones de diez años.
La comparación resulta inevitable.
La ASF informó 21 denuncias penales que involucran un posible daño superior a 600 millones de pesos. La Secretaría Anticorrupción, en un solo expediente, impuso sanciones económicas por una cantidad incluso mayor.
No se trata de una competencia de cifras, pero sí de eficacia institucional.
La pregunta es incómoda: ¿cómo explicar que una dependencia del Poder Ejecutivo produzca resultados más visibles y contundentes que el órgano constitucional encargado precisamente de vigilar el uso de los recursos públicos?
Desde luego, ambas instituciones tienen facultades distintas. La ASF audita; la Secretaría investiga procedimientos administrativos; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determina responsabilidades. Jurídicamente los procesos no son equivalentes.
Políticamente, sin embargo, la percepción sí importa.
Porque el ciudadano promedio observa que una institución revisó miles de auditorías, decenas de miles de transferencias y cientos de miles de millones de pesos para concluir, hasta ahora, con 21 denuncias, 31 investigaciones y 30 expedientes administrativos.
Mientras tanto, la Secretaría Anticorrupción apareció con un caso concreto, nombres reservados, sanciones económicas históricas e inhabilitaciones ejemplares.
Según Morena y sus aliados, las reformas que permiten iniciar investigaciones de oficio representan un cambio histórico que rompe con la vieja fiscalización burocrática y tardía, según esa visión, ahora la ASF podrá actuar prácticamente en tiempo real, lo que no se reflejo en ese primer informe presentado ayer.
Cabe recordar que el auditor es afín a la presidenta, antes de ocupar su cargo en la ASF en marzo pasado, era Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF y director general de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
Naturalmente surge otra interrogante.
Si el nuevo auditor superior sostiene que las recientes reformas permiten actuar de inmediato, sin esperar el cierre completo de la fiscalización, ¿por qué los grandes proyectos federales aún permanecen fuera del reflector?
La oposición encontró precisamente ahí su principal argumento.
PRI y PAN coincidieron, aunque por razones distintas, en advertir que esta primera entrega dejó fuera los temas políticamente más sensibles: las grandes obras de infraestructura, los programas sociales y las empresas productivas del Estado.
No es un asunto menor.
La independencia de una institución nunca se acredita mediante discursos. Se demuestra con los expedientes que decide abrir y, sobre todo, con aquellos que decide no posponer.
Aureliano Hernández Palacios Cardel apenas supera los cien días al frente de la Auditoría Superior. Es pronto para emitir un juicio definitivo sobre su gestión, pero no para advertir que llega acompañado por un pesado equipaje político derivado de su proceso de designación y de su cercanía con el actual gobierno.
Por eso cada auditoría tendrá una doble revisión: la técnica y la política.
El problema de fondo no es la cercanía personal con el poder, el problema sería que esa cercanía terminara reflejándose en las prioridades institucionales.
Paradójicamente, fue la propia Comisión de Vigilancia la que insistió en que las nuevas facultades permitirán actuar “en tiempo real”. Una promesa que eleva las expectativas, pero también multiplica las exigencias.
Porque si ahora existe la posibilidad legal de investigar de oficio, denunciar de inmediato y abrir expedientes sin esperar años de revisión, entonces ya no habrá espacio para justificar retrasos bajo el viejo argumento de los procedimientos administrativos.
La vara cambió.
Y esa misma vara alcanza también al gobierno federal.
La Secretaría Anticorrupción parece haber entendido que los golpes de autoridad generan credibilidad cuando recaen incluso sobre funcionarios del propio aparato gubernamental.
La Auditoría Superior tendrá que demostrar exactamente lo mismo.
No basta con auditar a todos.
Habrá que convencer de que todos pueden ser auditados con el mismo rigor.
En San Lázaro comenzó una nueva etapa para la fiscalización pública.
Ahora falta comprobar que también haya comenzado una nueva etapa para la autonomía institucional. Porque en materia de combate a la corrupción no gana quien presenta más auditorías. Gana quien logra que nadie pueda anticipar hacia dónde apuntará la siguiente investigación.
