La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitará a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pruebas, informes y documentos que fundamenten las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más, de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Ello, en respuesta a la solicitud de la instancia estadounidense que solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador sinaloense y otros funcionarios.
“La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”, señaló Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.
En conferencia de prensa, se aclaró que la petición estadounidense no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino “una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”.
En este sentido, el funcionario abundó que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar.
Asimismo, destacó que la difusión pública de la información de dicho pedimento “pone en riesgo el debido proceso”.
Durante su exposición, Jiménez Vázquez explicó que la solicitud en cuestión está referida exclusivamente al posible otorgamiento de una medida cautelar consistente en la detención provisional de las personas reclamadas.
“Dicha medida cautelar se rige por lo dispuesto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y asimismo se marca en lo previsto en el artículo 17 de nuestra Ley de Extradición Internacional”, argumentó.
En este sentido, el funcionario aclaró que la detención provisional en materia del pedimento constituye una restricción a los derechos humanos. Por ello mismo, “sólo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada”.
“El pedimento final de esta detención provisional fue examinado por el área de asuntos internacionales con estricto apego a la normatividad derivada del tratado bilateral de extradición con Estados Unidos e igualmente con estricto apego al derecho aplicable a la materia vigente en nuestro país”, aseveró.
Finalmente, Raúl Jiménez señaló que la FGR lleva a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional, en términos de nuestra legislación y de acuerdo con al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho.
