Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
El poder enloquece a algunos, dicen. Pero afirmar que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha enloquecido, es abaratarle el costo a su autoritarismo y excesos del poder.
En días recientes, el último conflicto entre la mandataria morenista y algunos legisladores de su partido en el Congreso local llegó a la conferencia presidencial. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum optó por no involucrarse en esa disputa: “A todos en Campeche, serenidad y paciencia, paz y amor”.
El último conflicto surgió hace dos meses con la propuesta de la Ley de Ingresos 2026, que incluye un endeudamiento por mil millones de pesos para compensar recortes federales y financiar obras como el Plan Campeche.
Diputados morenistas liderados por José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente del Congreso, rechazaron la imposición del crédito sin análisis, lo que derivó en la ruptura de 10 de los 16 legisladores morenistas con la mandataria estatal.
Pero éste no ha sido el único escándalo sino la cereza del pastel. En su gestión, Sansores se ha destacado en la represión a diferentes medios de comunicación y la detención al rector de la Universidad Autónoma del estado, José Alberto Abud Flores, donde la presidencia tuvo que intervenir también.
Está el caso de Jorge González, figura emblemática del periodismo en Campeche, quien enfrenta una serie de demandas legales por daño moral, a pesar de haberse retirado hace casi ocho años de la dirección editorial del diario Tribuna. O la represión por parte de más de una decena de policías a integrantes de los colectivos Ley Sabina Campeche y Frente Nacional por las 40 horas
El abuso de autoridad ocurrió afuera del Congreso del Estado de Campeche, el domingo 28 de septiembre de 2025 por la noche, durante una protesta en contra del nuevo magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
A eso se le suma el caso de Liz Rodríguez, madre de la joven de Campeche que denunció una violación sexual en grupo. La madre acusó públicamente que los presuntos violadores de Susan estarían relacionados de algún modo con personajes del ámbito político en Campeche. Señaló, por ejemplo, que los jóvenes habrían participado en la campaña de Jamile Moguel de 2024, cuando fue candidata a la Presidencia Municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Para Sansores, la reacción no ha sido el diálogo. Sino, a la usanza de los caciques –pues lo que no se hurta se hereda– la morenista fue señalada de haber ordenado el arresto de legisladores de su propio partido, en represalia por la insubordinación que cometieron sus “propios” diputados contra sus “órdenes” de aprobar el crédito de referencia. Ello propició que 10 de los 16 diputados locales de Morena rompieran con Sansores, se mantuvieran “atrincherados” al interior de sus oficinas e incluso reactivaran el fuero, eliminado durante el gobierno de su antecesor Alejandro Moreno.
El caso de Layda nos comprueba que el género no rompe las estructuras patriarcales. Sansores replica y ejemplifica las más rancias prácticas de discriminación, violencia y opresión. Y quitar esas prácticas sí implica una cirugía mayor… no sólo estética.
