El Pleno del Senado de la República dio inicio al debate sobre la minuta que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley General de Aguas, y reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Luego de retomar los trabajos de la sesión plenaria de este jueves, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó a la asamblea que la Cámara de Diputados envió el proyecto de decreto y sometió a votación si se consideraba para trámite de urgente resolución, lo que fue aprobado con 83 a favor y 27 en contra.
Dijo que la naturaleza y el impacto nacional de la minuta obligan al Senado de la República a actuar con oportunidad y responsabilidad.
“Toda vez que nos encontramos ante una problemática cuyo retraso legislativo prolonga atenciones sociales, institucionales y territoriales que requieren inmediata atención por parte del Estado”, manifestó.
Castillo Juárez señaló que en este contexto la discusión en comisiones, aun cuando es un procedimiento ordinario valioso, implicaría diferir decisiones que hoy son apremiantes para garantizar continuidad institucional y certeza normativa.
Manifestó que este es un pendiente legislativo desde el año de 2013, cuando se cumplió el plazo que tenía el Congreso de la Unión para emitir la Ley General de Aguas derivado de la reforma constitucional publicada el 8 de febrero de 2012.
También, es importante mencionar que la materia hídrica se encuentra actualmente en una situación crítica que demanda respuestas rápidas por parte del Poder Legislativo, por lo que aplazar la deliberación de dicho asunto por el Pleno profundizaría vacíos regulatorios y de coordinación que, día con día generan conflictos, ineficiencias y riesgos para la gobernabilidad y la prestación de servicios esenciales, puntualizó la legisladora.
Por su parte, el senador Adán Augusto López Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, impugnó la moción suspensiva presentada por el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, al aclarar sobre lo dispuesto para la transmisión de dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua.
Precisó que el proyecto establece que “cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua a que se refiere al presente capítulo, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.
“La autoridad del agua, una vez efectuado el cambio de dominio, expedirá un nuevo título de concesión conforme a las características de uso y volumen del título original y por el plazo remanente de su vigencia en los términos previstos en la presente ley, exceptuando el análisis de la disponibilidad”, agregó, al subrayar que “queda afuera ya el análisis de disponibilidad”.
Al presentar una moción suspensiva al proyecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que la reforma busca el control del agua y “tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión y ahora lo que se establece es que reasigne el volumen, siempre y cuando el gobierno quiera”
Dicen que van en contra de los acaparadores de agua, pero lo que les interesa es el control político y acabar con la propiedad privada, pues no le destinan recursos para acabar con el problema de las fugas en las ciudades o para tecnificar el riego en el campo, señaló.
La moción suspensiva fue rechazada por la asamblea, pues obtuvo 27 votos a favor y 85 en contra.
La presente ley es reglamentaria del artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.
En ella se establecen las bases, apoyos y modalidades para su acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; su interdependencia con otros derechos humanos; distribuye competencias y establece los casos de concurrencia entre la Federación, entidades federativas y municipios.
La iniciativa surge en respuesta a una serie de desafíos críticos relacionados con el acceso, disponibilidad, calidad y gestión del agua en el país. Las comunidades más pobres son las más afectadas por la escasez y la mala calidad del agua, debido a desigualdades económicas, sociales y culturales que complican su acceso a este recurso básico.
Al ser esencial para la vida, no puede ser tratada como una mercancía sujeta a los vaivenes de la oferta y la demanda, porque su disponibilidad define directamente la satisfacción de las necesidades humanas y ambientales.
Tras rechazar la moción suspensiva que propuso el senador Ricardo Anaya Cortés, la asamblea dio paso a los posicionamientos de los diferentes Grupos Parlamentarios.
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