La violencia que se ejerce contra las mujeres sigue siendo un problema social recurrente, con profundas consecuencias para quienes la viven de forma directa y para las personas que rodean o acompañan a las víctimas.
Algunas de sus manifestaciones se han recrudecido a la luz de los procesos sociales contemporáneos que, entre otras cosas, requieren una mayor participación de ellas en los asuntos públicos. En esa tesitura, la violencia política es más evidente y reconocida, no solamente en periodos de procesos electorales, sino en todos los momentos e instancias en los que hay mujeres con liderazgo, iniciativas o cargos de representación popular.
El Instituto Nacional Electoral (INE) define la violencia política contra las mujeres como “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.
Su participación en el campo político ha traído consigo situaciones de acoso o de violencia política de género, la cual constituye una violación a sus derechos humanos, afecta a los regímenes democráticos, a la vez que expresa la vulneración de los principios de igualdad y justicia, así como del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
En México, las lideresas indígenas, las defensoras de derechos humanos, de derechos ambientales, de los territorios, las periodistas, las abogadas y acompañantes feministas se encuentran entre las mujeres que viven situaciones como desprestigio, cuestionamientos a la probidad sexual, chismes y rumores que distorsionan las características de sus acciones, amenazas, agresiones físicas y verbales, violencia sexual e incluso feminicidio, entre otras, cuando destacan en su participación política, en especial cuando denuncian injusticias, reclaman derechos o llegan a ocupar cargos que se considera deben ser desempeñados por hombres.
Una de las expresiones de violencia política contra las mujeres más difíciles de prevenir, atender y sancionar es la violencia política digital, pues en ella se conjugan los mecanismos propios de la violencia por razones de género con los recursos que se han desarrollado en los medios digitales como parte de las confrontaciones entre actores de distintas tendencias políticas.
Cada vez es más recurrente que las mujeres que participan en la política formal reciban agresiones digitales públicas cuando hay elecciones o cuando expresan sus posturas en torno a temas clave, como interrupción del embarazo; derechos sexuales, reproductivos e identitarios; control de los recursos naturales; definición de presupuestos con perspectiva de género; educación con perspectiva de género, y defensa del territorio.
En muchas ocasiones, estas agresiones forman parte también del llamado backlash o reacción antifeminista, que tienden a aplicarse a quienes vindican sus derechos; pero sobre todo constituyen respuestas violentas ante los procesos de cambio protagonizados por las mujeres.
Se trata de acciones en las cuales está presente el Estado, ya sea para construir democracias con inclusión de género o, por el contrario, para apuntalar procesos de desmocratización de las sociedades.
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres es urgente, pues se trata de garantizar su plena participación en todos los ámbitos de la vida social en condiciones de seguridad, libertad y autonomía.
