El diputado Ricardo Monreal Ávila aseveró que “México no puede seguir siendo rehén de los vaivenes políticos estadounidenses ni de sus estrategias judiciales selectivas”, tras las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a que “las autoridades mexicanas están petrificadas, temen ir a trabajar porque los cárteles tienen el control sobre los políticos”.
En este sentido, el coordinador de la bancada de Morena destacó que la seguridad binacional se construye con acuerdos, no con chantajes.
“Es momento de replantear los términos de la relación y exigir que el respeto sea recíproco, porque la seguridad binacional no se construye con amenazas ni chantajes, sino con acuerdos, datos y dignidad”.
Así lo señaló Monreal Ávila en el texto Testigos protegidos y aranceles; marionetas del sistema estadounidense, publicado en sus redes sociales y un diario de circulación nacional.
En el artículo asegura que en los últimos años, la relación entre México y Estados Unidos atravesó momentos de intensa cooperación, pero también episodios de presión unilateral que rozaron el chantaje.
“Washington, particularmente bajo gobiernos de corte conservador, como el de Donald Trump, ha recurrido a un arsenal político que va más allá de la diplomacia: usa los tratados de libre comercio como palanca de presión económica e instrumentaliza a testigos protegidos, criminales extraditados y procesos judiciales para condicionar, presionar e incluso desprestigiar a autoridades de nuestro país.
“Este doble filo —económico y judicial— se convirtió en una fórmula recurrente para ejercer poder sobre México, debilitando la confianza mutua y torpedeando los esfuerzos de cooperación”, explicó.
El también coordinador de la Junta de Coordinación Política enfatizó que “uno de los casos más emblemáticos es el de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Su detención y entrega fueron presentadas como un acto de buena voluntad y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
“Sin embargo, el tratamiento del caso en medios estadounidenses y en círculos políticos republicanos reveló otra intención: utilizar a los grandes capos extraditados como herramientas para reforzar la narrativa de que México está dominado por el crimen organizado y que, por tanto, necesita ser presionado —o incluso intervenido— por Washington”, refirió.
En este sentido, el diputado destacó que “en paralelo, el Gobierno de Estados Unidos ha hecho uso frecuente de testigos protegidos que, luego de formar parte de estructuras criminales, negocian reducciones de penas a cambio de declaraciones que a menudo apuntan a funcionarios mexicanos, sin que en todos los casos exista evidencia contundente que las respalde.
“Estos testimonios, muchas veces recogidos fuera de contexto, terminan filtrándose a la prensa o utilizándose políticamente para golpear a nuestras instituciones, sin tomar en cuenta el impacto en la soberanía ni en la justicia binacional. En ocasiones, los mismos testigos han sido señalados por mentir o manipular información para beneficio propio, pero ello no impide que se usen como piezas clave en casos mediáticos que colocan a México en una posición vulnerable”.
Señala que “esta presión judicial se complementa con la amenaza constante de sanciones comerciales. Donald Trump de nueva cuenta prometió reinstaurar aranceles en agosto a nuestras importaciones, si México ‘no hace lo suficiente’ para frenar el tráfico de fentanilo o contener la migración, a pesar de que este sexenio registra un récord de decomisos y campañas contra el opioide sintético.
“Esta combinación —presión económica y judicial— configura un patrón preocupante: cuando Estados Unidos quiere algo de México, ya no se limita al diálogo institucional: recurre a la amenaza, ya sea mediante aranceles, extradiciones condicionadas o acusaciones desde tribunales federales. La cooperación pasó a segundo plano y en su lugar avanza una estrategia de presión que deja poco margen para la negociación entre iguales”.
Monreal Ávila sostiene que “lo más grave es que estos métodos se presentan como si fueran ‘parte de la ley’ o ‘mecanismos legítimos de política exterior’. Pero lo cierto es que muchas veces son maniobras calculadas, con tiempos perfectamente alineados a los intereses electorales estadounidenses.
