Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la minuta en materia de Telecomunicación y Radiodifusión no es una ley censura o espía y no hay fundamento jurídico legal. “Ya lo dije: no hay un solo artículo por aprobar que contenga este asunto”.
En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada de Morena, dijo: “no hay ley censura, no hay ley espía, son lenguajes muy atractivos desde el punto de vista opositor; lo respeto, pero no hay fundamento jurídico legal. Ya lo dije: no hay un solo artículo de la ley que se está por aprobar que contenga una sola alusión a la censura o a que se le espíe al ciudadano”.
Lo que sí hay –dijo– son mecanismos para que a los presuntos delincuentes se les geolocalice, “sí los hay. Y sí hay mecanismos para que, con autorización del juez se intervengan teléfonos, y sí hay mecanismos para que a partir de la aprobación de la ley no se vendan a diestra y siniestra, indiscriminadamente, los chips. Ahora van a tener control y creo que es para bien de la seguridad del país”.
Agregó que con la nueva ley se logrará el acceso a internet universal para todos y para todas, garantizar el uso justo e inclusivo del espectro de radio y televisión a grupos que no lo tienen: a niños, mujeres indígenas, afromexicanos y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados.
Recordó que la minuta proviene de la autoría de la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que actuará como un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y se consagra lo que el T-MEC exigía: con independencia técnica, operativa y de gestión. Sus funciones estarán encaminadas a regular las concesiones y autorizaciones del espectro radioeléctrico.
La Comisión Nacional Regulatoria de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolios, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cumplen esa función que con motivo de la supresión de los órganos autónomos, Cofece; es decir, las dos que desaparecieron, ahora cubrimos ese aspecto. “También nos sentimos emocionados porque el Estado continuará como prestador del servicio de internet”.
El diputado Ricardo Monreal abundó que el Estado mexicano continuará prestando el servicio de internet a la población, aunque se respetará la concesión comercial para servicios a usuarios finales, para competir en igualdad de condiciones con los privados mediante licitación pública y, en el caso de uso público, para cobertura social, oficinas gubernamentales o internet público en espacios abiertos, sitios públicos.
“Se innova o se introduce una innovación en los mecanismos de protección de derechos para defender los derechos de las audiencias de los usuarios y de accesibilidad para distinguir entre información, noticias y opinión en espacios y programas y, sobre todo, garantizar el derecho a la información conforme al artículo 6 constitucional”, añadió.
Estas adecuaciones impulsan la perspectiva de género, al establecer disposiciones encaminadas a que las niñas y mujeres tengan el acceso al internet y las telecomunicaciones en igualdad de condiciones. Se establece en esta ley descuentos en pago de aspectos a cambio de despliegue de infraestructura en zonas geográficas sin acceso y sin carreteras, pues tenemos muchas regiones en las sierras, en las montañas, en las selvas, con estas características.
“Descuentos en pago de espectro a cambio de que se despliegue infraestructura en zonas geográficas difíciles. También esta ley tiene el tema de la interconexión. Se sientan las bases para aumentar la interconexión”, agregó.
Enfatizó que de esta manera se crearán redes de uso social comunitario, indígena, afromexicano, con tarifas bajas accesibles. “Este es un gran avance que hasta ahora se le negó y se le ha negado a las comunidades indígenas esta posibilidad. El beneficio de redes sociales comunitarios indígenas y afromexicanos”.
Expuso que esta reforma plantea que se destinará entre el uno y el diez por ciento del presupuesto de comunicación social del gobierno del Estado mexicano a las radiodifusoras y acceso a banda FM.
