Por. Hilda Téllez Lino [1]
X. @HildaTellezL
La inminente sucesión del Papa Francisco no es solo un asunto interno del Vaticano ni una mera elección eclesiástica. Se trata de un acontecimiento con profundas implicaciones políticas, éticas y sociales para el mundo entero. En una época de retrocesos democráticos, discursos de odio y exclusión, el liderazgo moral que encarne el próximo pontífice tendrá un peso determinante en los debates sobre derechos humanos, justicia social y diversidad. Y en el centro de esta disputa está una pregunta urgente: ¿seguirá la Iglesia católica avanzando hacia una inclusión real, o cederá ante las presiones de quienes quieren restaurar una moral de condena?
Francisco, con todos sus límites, supuso un giro notable. Durante su pontificado, se alejó del clericalismo autoritario y del moralismo inquisidor que históricamente marcaron a la Curia. En su lugar, puso en el centro a las personas vulnerables, a los descartados del sistema, a quienes la sociedad y muchas veces la propia Iglesia habían empujado a la periferia. Entre esos grupos, las personas LGTBI encontraron —por primera vez en mucho tiempo— una palabra distinta. No se trató de una ruptura doctrinal, pero sí de un cambio de tono y de enfoque: “¿Quién soy yo para juzgar?”, dijo el Papa en 2013, en una frase que marcó un antes y un después.
Ese gesto, que a algunos les pareció tibio, fue en realidad revolucionario dentro de una institución que durante décadas asoció la homosexualidad con el pecado, el escándalo o la enfermedad. Bajo su liderazgo, el Vaticano empezó a hablar —aunque con timidez— de acompañamiento pastoral, de dignidad humana, de inclusión. Incluso se abrieron debates antes impensables, como la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo, un tema que sigue generando intensas disputas internas.
Pero no todo ha sido apertura. Las resistencias han sido profundas. Sectores conservadores de la jerarquía eclesiástica han reaccionado con virulencia ante cualquier gesto de apertura hacia la comunidad LGTBI. Han promovido una restauración doctrinal que no solo implica retrocesos teológicos, sino impactos reales en la vida de millones de personas. La hostilidad hacia la diversidad sexual, en muchos casos alentada por discursos religiosos, sigue traduciéndose en leyes discriminatorias, exclusión social y violencia. Frente a esto, el silencio o la ambigüedad ya no son opciones neutrales: son formas de complicidad.
Por eso, lo que está en juego en la elección del próximo Papa no es sólo la continuidad de un estilo pastoral. Es, en gran medida, el lugar que ocuparán los derechos humanos en la misión de la Iglesia del siglo XXI. Y eso incluye, de forma explícita, la plena dignidad de las personas LGTBI, su derecho a formar parte de la comunidad de fe sin esconderse, sin pedir perdón por su existencia, sin temer la condena ni la marginación.
El próximo pontífice deberá tomar una decisión histórica: seguir avanzando hacia una Iglesia abierta, compasiva y coherente con el mensaje de justicia que predica, o cerrar filas con quienes entienden la fe como un arma para excluir. No basta con mantener el legado de Francisco; es necesario profundizarlo, dotarlo de coraje institucional y de reformas reales. Porque en un mundo atravesado por discursos autoritarios, crisis ambientales y violencias múltiples, el Evangelio no puede ser usado como muro, sino como puente.
La Iglesia no puede seguir hablando de dignidad humana mientras excluye a una parte de la humanidad. La defensa de la vida no puede limitarse a lo biológico; debe abarcar la vida vivida con libertad, afecto, comunidad y derechos. Después de Francisco, el Vaticano tiene una oportunidad histórica de alinearse con los valores que dice defender o resignarse a ser irrelevante. La encrucijada está planteada. Y el mundo está mirando.
[1]Abogada, Maestra en Derechos Humanos y Democracia. Con una trayectoria de casi 30 años en la defensa y protección de los derechos humanos. Ha trabajado de manera innovadora los derechos humanos de las comunidades LGTBI.
