Por. Saraí Aguilar
X @saraiarriozola
El presunto feminicida serial que almacenaba restos de sus víctimas en su departamento en la alcaldía Iztacalco, Miguel “N”, falleció tras sufrir un posible paro cardiorrespiratorio, al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.
El “químico feminicida”, como fue apodado por algunos medios, fue descubierto tras la investigación por la desaparición de una joven que condujo al hallazgo de restos óseos, rastros biológicos y diversos indicios –entre ellos libretas que contenían posibles anotaciones sobre actos criminales– en el departamento de Miguel “N”, ubicado en la colonia La Cruz Coyuya.
La fiscalía informó el hallazgo de alrededor de 20 identificaciones oficiales de mujeres, huellas de sangre, teléfonos celulares, discos compactos y una memoria en el lugar. Los múltiples indicios encontrados, así como su relación con algunas mujeres que permanecen en calidad de desaparecidas desde hace varios años, llevaron a las autoridades de la CDMX a señalar que se trataba de un posible feminicida serial.
Miguel fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos ejecutados contra siete mujeres, entre ellos feminicidio, intento de feminicidio y desaparición cometida por particulares.
Su caso fue un vivo retrato de las omisiones en las autoridades de la capital del país, incapaces de detener a un delincuente que habría estado operando más de 10 años en la más absoluta impunidad, sin que nadie hubiese sospechado de él jamás, a pesar de que mujeres que se relacionaban con él desaparecían.
El sospechoso fue señalado como presunto responsable de la desaparición y muerte de su expareja Frida Sofía. Además, entre las posibles víctimas se encuentra Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, una ingeniera bioquímica industrial egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. De acuerdo con información extraoficial, Viviana y Miguel se conocieron en un laboratorio donde compartieron jornadas laborales y, ocasionalmente, el camino hacia el Metro Coyuya, luego del trabajo. La familia ha insistido en plantones y otro tipo de protestas sin que se tuvieran pistas de ella.
Y hoy llega la impunidad a través de la muerte. Pues, como señalaban abogados de las victimas, la muerte del asesino no implica justicia sino lo contrario. La defensa pedirá que se esclarezcan las circunstancias del deceso, que se imputen responsabilidades por ello y que el Estado repare el daño causado a las víctimas.
“La muerte de esta persona no es justicia. Justicia es que tuviera sentencia por todas y cada una de las víctimas. Justicia era que recibiera el castigo conforme a derecho. Hay muchas hipótesis ahorita al respecto de lo que pudo haber pasado y veremos al director del Reclusorio Oriente para saber que sucedió. Vamos a solicitar que se nos dé intervención en la investigación”, dijo la litigante (Milenio).
Y ahora, toca esperar. Esperar que en este país las familias tengan el consuelo de la justicia, no un final abrupto. Que se dé la reparación del daño. Que no se victimice una vez más a las víctimas y que aun muertas sigan sufriendo las consecuencias de un Estado sin ley.
